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Los milicianos judiciales

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 declaró la reorganización del Poder Judicial creando la Comisión de Emergencia Judicial. A partir de ese momento, en lugar de propiciar los cambios que urgían, comenzó un proceso de deterioro de 18 años que ha llegado a una situación terminal de ineficiencia, corrupción y pérdida total de independencia. Como parte de los constituyentes promotores de aquella reforma, nuestra justa aspiración era, como quedó plasmado en la Constitución, lograr un Poder Judicial independiente, imparcial, con jueces capaces de ser garantes de una administración de justicia sana y eficiente. Lamentablemente, el remedio ha sido peor que la enfermedad.

El diputado del PSUV Carlos Escarrá dijo en 2011 en una reunión con abogados en Valencia: “El Poder Judicial es uno de los elementos más corruptos y donde menos hemos hecho lamentablemente en la revolución…aquí hay mafias entre policías, fiscales y jueces…”.

Por la intromisión sistemática e indebida del Ejecutivo, el Poder Judicial se ha convertido en un gran negocio en el que las irregularidades ocurren en casi todas las instancias, hasta el punto de que se utiliza el vocablo “sicariato judicial” para caracterizar su situación. 

Han sido designados jueces sin ninguna calificación y algunos hasta con antecedentes penales por delitos graves. Jueces y fiscales comparten y compiten por “territorios” en los que se manipulan expedientes, se tarifan servicios, se extravían o siembran pruebas, se altera el reparto de las causas.

El deterioro del sistema es tal que no interesa enjuiciar a un delincuente, sino que pague por librarse de la justicia. Los bienes incautados no son puestos a la orden de la Fiscalía sino que son negociados: cambian sorpresivamente de propietarios con o sin su consentimiento.

Las mayores extorsiones ocurren en el área penal, donde está en juego ir o no a una prisión, es decir, un asunto de vida o muerte en Venezuela. 

Mientras los crímenes relacionados con la corrupción y el narcotráfico, quedan impunes a punta de dólares y euros, se judicializa la política para perseguir y encarcelar con expedientes falsos a quienes piensan distinto al régimen del autócrata Nicolás Maduro.

Por si alguna duda quedaba, están las conocidas confesiones de los exmagistrados del TSJ, Luis Velásquez Alvaray y del testigo protegido de EE UU Eladio Aponte Aponte, que se explican por sí solas. Como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas.

 

Carlos Tablante

Acerca Morella García

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