Tribunal de Nueva York paraliza temporalmente el regreso de ICE a la cárcel de Rikers. Un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York prorrogó este viernes una orden que impide que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) vuelva a tener una oficina en la cárcel Rikers Island, como había acordado el acalde Eric Adams con la Administración del presidente Donald Trump.
La jueza Mary Rosado presidió hoy una breve audiencia sobre la demanda que presentó el Concejo municipal contra Adams para evitar el regreso de ICE a Rikers, de donde fue expulsado en 2014 tras una ley aprobada como parte de las medidas puestas en marcha en Nueva York tras ser designada como ‘ciudad santuario’ o amiga de inmigrantes.
Así, la jueza paralizó la orden ejecutiva que autoriza el retorno de ICE a la cárcel más grande de la ciudad, considerada una de las más peligrosas del país, hasta que se realice una audiencia formal para discutir el asunto el próximo 29 de mayo.
Al concluir la audiencia, líderes proinmigrantes y concejales, encabezados por la presidenta del Concejo, Adrienne Adams, celebraron la decisión frente a la Corte Suprema, ubicada a apenas unos pasos de la Alcaldía.
La líder demócrata del Concejo afirmó que la decisión de hoy «protege la seguridad pública y los derechos constitucionales en la ciudad ante el intento de la Administración Trump de tomar el control de nuestra ciudad a expensas de los neoyorquinos».
El Concejo afirmó ante la corte que la orden ejecutiva que autoriza el retorno de ICE «es ilegal» y responde a un presunto acuerdo entre Adams y la Administración Trump para que se retiraran los cargos de corrupción en su contra a cambio del regreso a la cárcel de la agencia de inmigración.
De acuerdo con la concejal, el intento de Adams de cumplir su parte «del trato corrupto» (para que se retirara la acusación) entregando las llaves de Rikers al ICE haría que nuestra ciudad y nuestros neoyorquinos estén menos seguros».
Durante el tiempo en que ICE estuvo en Rikers, este pedía que se apresara temporalmente a inmigrantes -a veces durante meses- después de sus fechas de liberación programadas mientras investigaban su estatus migratorio, lo que llevó a muchos a procesos de deportación.
