La compañía Sanitas consideró ayer que hubo una “falsa motivación” del Gobierno colombiano al intervenir esa entidad prestadora de salud (EPS), propiedad del grupo de origen español Keralty y dijo que esa decisión puede estar encaminada a una posible expropiación.
Juan Pablo Currea, representante legal de Keralty, pidió a la procuradora general, Margarita Cabello, un espacio para manifestar las “anomalías” que consideran que hubo en la intervención ordenada el pasado martes, pues creen que “presenta una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de las EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”.
Currea argumentó que “la actuación del ente de control (la Superintendencia de Salud) ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”.
La intervención, por un periodo de un año, fue anunciada por la Superintendencia de Salud alegando supuesta insolvencia de Sanitas, basada “en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores”, pues sus deudas hasta diciembre sumaban más de dos billones de pesos (unos 524 millones de dólares de hoy).
“El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos”, manifestó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X, en la que añadió que ese sector arrastra desde hace años problemas financieros por supuestos malos manejos.
Casi en paralelo, el Congreso colombiano hundió ayer la reforma a la salud, una de las banderas del presidente Gustavo Petro, sumando otra derrota en el Legislativo donde carece de mayoría garantizada.
Nueve senadores, de la Comisión Séptima con 14 miembros, votaron a favor de archivar la reforma que pretendía hacer cambios estructurales al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años.
||EFE
