El allanamiento y detención de Nicanor Boluarte y del abogado presidencial Mateo Castañeda desplegó decenas de fiscales y policías, según imágenes de televisoras locales.
La fiscalía imputa a Nicanor Boluarte, de 64 años, los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por la designación de prefectos —funcionarios que reportan conflictos sociales en zonas alejadas— a cambio de dinero y de la recolección de firmas para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.
El abogado Castañeda —quien asesora a la mandataria en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo marca Rolex— es investigado en este caso por la fiscalía porque presuntamente intentó neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte al ofrecer beneficios a los miembros del equipo policial que ayuda en las investigaciones fiscales.
Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal sería la de “copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, según la autorización judicial.
“No nos vamos a distraer con asuntos menores, creemos en la Justicia del país, creemos en la razonabilidad de quienes administran la Justicia del país”, ha dicho Boluarte al participar en un foro denominado Constitución Política, Democracia y Valores Institucionales y cuya intervención no estaba programada en su agenda.
