Personas de todo el mundo llegan a la frontera estadounidense. Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana y Uzbekistán son algunos de los países de origen. Buscan asilo alegando persecución por religión, sexualidad o apoyo a opositores políticos. Históricamente, se les permitía presentar su caso a las autoridades. Ahora, la situación ha cambiado drásticamente.
Un trabajador electoral ruso, expulsado a Costa Rica, relató: «No nos dieron un funcionario del ICE con quien hablar. No nos concedieron una entrevista. Nadie me preguntó qué había pasado». El 20 de enero, tras asumir su segundo mandato, el presidente Donald Trump suspendió el sistema de asilo. Esta medida forma parte de su ofensiva contra la inmigración irregular.
Desafíos legales y disminución de solicitudes de asilo
«No creo que nadie tenga del todo claro qué ocurre cuando la gente se presenta y pide asilo», afirmó Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council. Una serie de demandas y apelaciones llenan los tribunales. La administración Trump se enfrenta a activistas que argumentan que las restricciones ponen en peligro a quienes huyen de la persecución.
Un juez federal debe decidir si los tribunales pueden revisar el uso de la declaración de «invasión» para justificar la suspensión del asilo. El gobierno sostiene que esta declaración no está sujeta a supervisión judicial. Grupos de derechos humanos, liderados por la ACLU, califican la medida de «tan ilegal como sin precedentes».
Los cruces fronterizos no autorizados, que aumentaron durante la administración Biden, disminuyeron significativamente en su último año y se desplomaron con el regreso de Trump. Sin embargo, más de 200 personas son detenidas diariamente en la frontera sur. Algunas solicitan asilo, aunque la cifra exacta es incierta. Abogados fronterizos reportan una drástica caída en las llamadas sobre casos de asilo.
Con información de El Público TV
