“Estamos mejor, pero bien no estamos”, resumió la mañana del martes Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, una localidad cerca de la ciudad de Valencia, que da nombre a la región, considerada el epicentro de la catástrofe con más de 70 fallecidos.
En esta ciudad de 25.000 habitantes, que ya recuperó el agua potable pero no la electricidad en su totalidad, “se han visto afectadas el 100% de las viviendas, el 100% de los comercios”, dijo Albalat a la televisión pública.
Como todos los días después de la catástrofe del martes pasado por tormentosas lluvias -en algunos lugares cayó en horas lo que llueve en un año-, un ejército de voluntarios con palas y baldes llegan a esta y otras zonas devastadas para ayudar en la limpieza.
Sin embargo, para retirar los vehículos apilados por la fuerza de las riadas se necesitan equipos profesionales.
«Necesitamos maquinaria, necesitamos gente profesional que venga a limpiar las calles, para que las personas puedan bajar y puedan empezar a levantar sus casas, sus negocios», agregó la alcaldesa.
Para hacer frente al enorme costo de la catástrofe, el Gobierno regional de Valencia ya dispuso 250 millones de euros (270 millones de dólares), con exenciones fiscales y compensaciones, y el Parlamento validó el martes una ayuda directa de 30 millones de euros (32 millones de dólares) para las personas afectadas.
Se espera que el presidente del Gobierno español,Pedro Sánchez, anuncie una serie de medidas para las zonas devastadas tras el consejo de ministros de este martes, según avanzan los medios españoles.
Una semana después de las históricas inundaciones, el número provisional de muertos se eleva a 218 fallecidos, 214 sólo en Valencia, tres en Castilla-la-Mancha y uno en Andalucía.
Los juzgados ya han autorizado la entrega de «cerca de medio centenar de cadáveres» de los fallecidos a sus familiares, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la red social X.
Y la prioridad sigue siendo aún la localización de los desaparecidos, cuyo número exacto no ha sido comunicado.
