***El Fiscal general informó que la decisión se tomó “luego de exhaustivas investigaciones basa-das en nuevos indicios y elementos probatorios” y en coordinación con tribunales
Tarek William Saab, fiscal general, anunció que su despacho solicitó ante los tribunales revisar 225 casos del total de detenidos tras las presidenciales del 28 de julio -estimado en 2.400 personas por el Ejecutivo-, sin precisar si se trata de posibles excarcelaciones.
“Se han solicitado 225 revisiones de medidas a procesados por estos sucesos que conmocionaron al país y dejaron la lamentable cifra de 28 personas fallecidas, cerca de 200 lesionados y 500 bie-nes públicos y privados destruidos”, dijo Saab, en alusión a la situación desatada luego de las presidenciales.
Explicó, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta decisión se tomó “luego de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios” y en coordinación con tribunales.
Resaltó que la acción “tiene como centro la reunificación familiar, consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los derechos humanos”, concluye el comunicado leído por Saab, que recordó que los casos a revisar están “relacionados con acciones violentas ocurridas posterior” a las presidenciales.
Remarcó que este proceso -que empezó luego de que el presidente Nicolás Maduro llamara el pasado lunes a revisar y rectificar en los casos en que hubiera errores- es “atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano”, por lo que criticó los pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos en los que han pedido estas excarcelaciones.
“Vamos a seguir revisando, vamos a seguir mirando los casos a los que haya lugar, porque por eso Venezuela es reconocida como un sistema que protege los derechos humanos”, adelantó.
No obstante, el fiscal reiteró que quien “haya sido responsable de las acciones criminales sujetas a una vinculación como participante directo de las mismas, será castigado”.
Varias ONG y partidos opositores han identificado a cerca de 1.850 personas aprehendidas tras los comicios, en protestas contra la reelección de Maduro o en operativos policiales, entre ellas 69 menores de edad, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados por delitos de terrorismo y conspiración.
LA DEFENSA
Según un comunicado difundido ayer por la Fiscalía, el opositor venezolano Jesús Martínez Medina, quien murió el pasado jueves bajo custodia policial, recibió “la debida atención médica” durante los 34 días que estuvo hospitalizado, debido a complicaciones de salud relacionadas con la diabetes que padecía.
“Esta persona, a pesar de encontrarse preventivamente privada de libertad, estaba hospitalizada desde el día 11 de octubre, por padecer diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud requería”, reza el texto.
Un día después de que la oposición mayoritaria responsabilizó al Gobierno por este deceso, la Fiscalía aseguró que “todas las instituciones” vinculadas con el sistema de justicia han “procurado la garantía del debido proceso, la tutela judicial efectiva y el goce de los demás derechos constitucionales, tales como el de la salud”.
Esto, prosigue el escrito, no solo para Martínez Medina, “sino también para el resto de quienes aún se encuentran privados de libertad”, luego de las presidenciales del 28 de julio, pese a que varias ONG han alertado sobre numerosos problemas de salud de los reclusos, supuestamente desatendidos.
Aunque la oposición dijo que el fallecido, de 36 años de edad, fue aprehendido el 29 de julio en su residencia “sin orden de allanamiento y sin ningún motivo”, la Fiscalía asegura que la detención se produjo el 2 de agosto y se debió a “su participación en hechos violentos” postelecciones.
Con información de EFE
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