|| Rodolfo Gamarra
El «Bono de Guerra Económica», creado como un subsidio para complementar los ingresos de trabajadores activos, jubilados y pensionados en Venezuela, ha generado un intenso debate por su carácter discriminatorio. En este sentido, representantes del sector educativo, como el profesor Jesús Aria, del Colegio de Profesores y la Alianza Social de Trabajadores (ASTA), y Pedro Torrecilla, secretario de asuntos académicos de la Apucv, denunciaron que este beneficio viola principios constitucionales y laborales al excluir a grupos vulnerables.
DISCRIMINACIÓN EN EL DISEÑO DEL BONO
Desde su implementación, el bono ha perpetuado desigualdades. Jesús Aria explicó que el primer decreto gubernamental ya establecía diferencias: los trabajadores activos con Cesta Ticket reciben 120 dólares, mientras que los jubilados sin este beneficio obtienen 112 dólares, los pensionados no afiliados al Seguro Social son los más afectados, con apenas 50 dólares. Según Aria, esta distinción perjudica al 30% de los jubilados del sector público, incluidos educadores, uno de los grupos más numerosos.
RETRASOS Y DESIGUALDADES EN LOS PAGOS
Mientras los profesores activos reciben el monto completo (12.000 bolívares), los jubilados enfrentan déficits de 800 bolívares, pagados días después. Torrecilla señaló que esta demora agrava la precariedad de quienes dependen de medicamentos y servicios básicos. Solo tras la presión de gremios universitarios, incluidos aliados del gobierno como la Fetub, se rectificó el pago.
VIOLACIÓN DE DERECHOS Y EXIGENCIAS
Aria menciona la Ley de Alimentación y Medicina, que obliga al Estado a garantizar la Cesta Ticket a jubilados, y el Artículo 21 de la Constitución, que consagra la igualdad en beneficios socioeconómicos. Torrecilla añadió que las convenciones colectivas y la legislación laboral exigen trato igualitario entre activos y jubilados.
ENTREGA DOCUMENTO ANTE LA CONTRALORÍA DEL TRABAJO EN ARAGUA
Representantes de la Coordinadora de Lucha de los Trabajadores de Aragua (CLTA), junto a la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, presentaron el pasado martes un documento ante la Contraloría del Trabajo en Maracay. La acción busca exigir al Estado venezolano el cumplimiento de derechos laborales y salariales, en medio de lo que califican como una «emergencia social y económica».
Manuel Vásquez y Johnny Lara, voceros de la CLTA, destacaron que las demandas incluyen la indexación de bonos al salario base, la reactivación de la escala salarial y la creación de un fondo de salud para adultos mayores. «Los trabajadores nos encontramos en una situación crítica que requiere respuesta inmediata», afirmó Lara.
INCLUSIÓN DE BONOS EN EL SALARIO BASE
Uno de los puntos centrales es la exigencia de que el Bono de Guerra Económica sea considerado parte del salario para el cálculo de prestaciones sociales. Según el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, todo ingreso habitual debe integrarse al salario. Sin embargo, actualmente esto no se aplica, lo que reduce el monto de beneficios como aguinaldos y vacaciones.
«El bono vacacional que recibirán este año equivale al mismo monto de hace tres años. Lo que antes eran $50, hoy apenas alcanza para $20», explicó Vásquez. La CLTA pidió a Delcy Rodríguez, presidenta de la Plataforma Patria, rectificar esta omisión conforme a la Gaceta Extraordinaria 6746.
RESTITUCIÓN DE LA ESCALA SALARIAL
Johnny Lara insistió en la necesidad de reactivar la escala administrativa salarial para incentivar la formación y el ascenso laboral. «Un salario digno y la posibilidad de crecimiento motivan al trabajador», señaló.
Además, propuso la creación de un fondo social financiado con impuestos al IVA y venta de licores, destinado a adultos mayores de 70 años. «Debe garantizarse salud óptima, medicamentos y atención médica urgente», dijo.
VICTORIA RECIENTE Y DEUDAS PENDIENTES
Cilia Pérez, representante de la Universidad de Carabobo, celebró el reintegro de 800 bolívares descontados ilegalmente a jubilados. «Este logro demuestra que la unión hace la fuerza», afirmó. No obstante, denunció que persisten deudas como la eliminación de la Cesta Ticket para maestros retirados. «Un derecho que no se defiende, es un derecho que se pierde», advirtió.
La CLTA seguirá procedimientos administrativos para obtener respuestas, pero no descarta movilizaciones. «Visitaremos gremios y sindicatos para unificar esfuerzos», declaró Lara. Vásquez añadió: «Llamamos al Estado a entender la realidad del trabajador venezolano».
Función beta
