La Administración del presidente Donald Trump ordenó eliminar las audiencias de fianza para todos los indocumentados detenidos, lo que podría dejarlos por meses y hasta años en centros de detención mientras los inmigrantes luchan contra la deportación, según un memorando oficial citado por The Washington Post.
En una directiva emitida el pasado 8 de julio, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó a sus oficiales que los indocumentados detenidos en el interior del país deberían permanecer encarcelados «mientras dure su proceso de deportación».
Actualmente, solo los migrantes capturados tras pasar la frontera son detenidos sin derecho a fianza. Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca solo a nueve extranjeros que cruzaron de forma indocumentada se les ha permitido luchar por sus casos en libertad condicional.
En el documento, al que tuvo acceso el rotativo capitalino, Lyons dijo que los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ) habían «revisado su postura legal” sobre la política de detención y liberación de inmigrantes y habían determinado que los indocumentados, sin importar donde hubieran sido detenidos o cuánto tiempo llevaran viviendo en el país, «no podían ser liberados de la custodia de ICE».
Además, la cabeza de ICE no dejará la decisión de otorgar la libertad bajo fianza en un juez sino en un oficial de inmigración, lo que reduce estas posibilidades.
Lyons admitió que, seguramente, la nueva directriz será retada en los tribunales, según el periódico.
La preocupación entre los defensores de los inmigrantes ha aumentado tras conocerse la nueva directriz. Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (Asosal), dijo a EFE que ha visto un aumento en las denegaciones de fianzas emitidas por los jueces y que al dejar esta discreción en los agentes de ICE «será prácticamente imposible» que dejen a los inmigrantes pelear su caso en libertad.
A esto se suma que el atasco en los tribunales de inmigración, con cerca de 3,5 millones de casos pendientes, representa un reto para los inmigrantes, que podrían esperar meses o hasta años para poder ver a un juez.
«Lo que busca el Gobierno es desalentar a los inmigrantes a presentar sus casos, especialmente aquellos que llevan años y deberían tener su oportunidad en corte, quieren que acepten la deportación rápida», indicó Romo.
||EFE
