La castración química consiste en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre. No se trata, por tanto, de una forma de esterilización, ya que los efectos son reversibles y tampoco se producen alteraciones físicas como en la castración quirúrgica, que consiste en la eliminación de testículos u ovarios. Este último procedimiento fue muy usado en Europa a mediados del siglo XX en condenados por agresión sexual, pero se comprobó que no era un tratamiento eficaz, pues muchos delincuentes persistían en sus agresiones sexuales.
En septiembre de 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar la castración química como requisito obligatorio para que algunos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional. En la actualidad, también se aplica a los violadores reincidentes, que reciben dosis periódicas de progestina. El tratamiento consigue reducir los niveles de testosterona por lo que, en teoría, también se provoca una disminución de la libido y de las convulsas fantasías sexuales que tienen este tipo de delincuentes. Otros países como Rusia y Polonia también obligan a los delincuentes sexuales que han cometido abusos a menores a someterse a la castración química.
Un acalorado debate ético
Muchos países se han planteado la introducción de esta técnica para prevenir la reincidencia de las agresiones sexuales, pero su aplicación ha levantado acalorados debates éticos y médicos. En España la castración química es voluntaria, es decir, tiene que ser el mismo preso quien la solicite. Uno de los casos más sonados fue el de Alejandro Martínez Singul, conocido como ‘el segundo violador del Eixample’. Este agresor reincidente solicitó voluntariamente someterse a un tratamiento farmacológico de inhibición del deseo sexual tras cumplir su última condena y quedar en libertad en el año 2013.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos se han posicionado en contra de la castración química por considerarla un método cruel y degradante. Este fue el caso de Amnistía Internacional, que en 2016 y con motivo de la aprobación de esta práctica en Indonesia emitió un comunicado en el que Papan Ayatolá, un investigador de la organización, afirmaba que “la castración química forzada es un incumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el derecho internacional”.
Hay que tener en cuenta también que la castración química no es una solución a largo plazo para agresores reincidentes, ya que no enseña una conducta sino que reprime los impulsos, y una vez se deja de suministrar el fármaco, estos vuelven a aflorar. Se trata de un tratamiento, incide los expertos, que debería ir siempre acompañado de una adecuada terapia psicológica.
Tratamiento de cáncer de próstata
Menos conocida es la aplicación de la castración química como tratamiento de tumores de próstata en fases avanzadas para contribuir a frenar la enfermedad, y también como terapia complementaria temporal en tumores curables que también están siendo tratados con radioterapia.
La terapia hormonal se basa en que los andrógenos (hormonas masculinas) también estimulan el crecimiento de células cancerosas de la próstata. Por este motivo, al suprimir su actividad, si bien no se consigue curar el cáncer, al menos se puede conseguir reducir el tamaño del tumor o ralentizar su ritmo de crecimiento.
