La jueza 44 del penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable, este lunes, al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
El veredicto pone fin a un proceso judicial que se ha extendido durante 13 años, cargado de tensiones políticas, pruebas complejas y un intenso debate sobre la independencia de la justicia en Colombia.
La jueza destacó que este es uno de los momentos más significativos de la historia judicial reciente: “El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla frente al poder. La justicia no ve nombres ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la confianza”.
Heredia abordó punto por punto los argumentos de la defensa y la Fiscalía.
Ratificó la validez de las interceptaciones telefónicas de 2018 hechas por la Corte Suprema, descartando la tesis de que fueron obtenidas de mala fe. Explicó que se trató de un error involuntario al interceptar la línea del excongresista Nilton Córdoba, pero que se actuó con “diligencia y buena fe” al cesarlas al descubrir el error.
La jueza también rechazó la pretensión de la defensa de invalidar todas las pruebas recabadas entre 2018 y 2020, cuando el caso estaba bajo competencia de la Corte Suprema, argumentando que la renuncia de Uribe a su puesto de senador para pasar al fuero ordinario “produce efectos solo a futuro”. Heredia consideró que este movimiento buscó “instrumentalizar” el cambio de fuero para obtener beneficios judiciales.
Durante su intervención, la jueza desestimó, además, varios de los testimonios de la defensa, señalando contradicciones e inconsistencias. Entre ellos, descartó las declaraciones de Enrique Pardo Hasche y de un exabogado de Monsalve, por falta de pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
El fallo de la jueza Heredia representa un punto de inflexión en la relación entre justicia y poder político en Colombia. Más allá de la condena o absolución, el proceso ha sido visto como una prueba de la independencia judicial frente a una figura que gobernó el país por ocho años y que sigue siendo uno de los líderes más influyentes de la política colombiana.
En lo jurídico, cualquiera de las partes podrá interponer recursos de apelación, que serían revisados por el Tribunal Superior de Bogotá. En caso de confirmarse la decisión, aún quedaría abierta la puerta para una eventual revisión ante la Corte Suprema o instancias internacionales, dependiendo de los argumentos de la defensa.
Con información de TeleSur
