||Carlos Tablante
En 1997, conversando con el general Barry McCaffrey, zar antidrogas de EE. UU., en la recién inaugurada sede de la Comisión Nacional Antidrogas de Venezuela en El Rosal, Caracas, y en mi condición de ministro de Estado y presidente de la CONACUID del gobierno del doctor Rafael Caldera, le expresé mi desacuerdo con el uso de las fuerzas armadas de los distintos países —salvo casos excepcionales— en la guerra contra el tráfico de drogas.
La prioridad, en mi opinión, debía ser la prevención social integral y seguir el rastro del dinero de las actividades ilícitas de las redes que controlan el negocio del tráfico de drogas. McCaffrey, debido a una dolorosa experiencia familiar, estaba muy sensible al tema del desbordamiento del consumo interno de drogas en EE. UU. y, de alguna manera, ponía el énfasis en evitar que las drogas llegaran a los consumidores, los cuales, en su mayoría, están en ese país. Su prioridad era la interdicción de la oferta. Por mi parte, le ratifiqué que, a mi parecer, la mejor manera de hacerlo era aplicar un torniquete al flujo de capitales, es decir, al lavado de dinero, porque la estrella polar de los traficantes de drogas no era – ni es – el peso mexicano o colombiano, ni mucho menos el bolívar, sino el dólar: dónde están, dónde se legitiman, dónde se lavan, dónde están las poderosas lavanderías del sistema financiero internacional que mueven esos capitales manchados de sangre, calculados en más de 600 mil millones de dólares, según las cifras de la UNODC de 2018, últimos datos conocidos.
Es evidente que el oxígeno de las organizaciones criminales es el dinero. Sin dinero no se puede financiar la poderosa logística y las múltiples actividades necesarias para alcanzar el objetivo, que no es otro que la obtención de riquezas descomunales.
Lamentablemente, no se han conseguido todas las respuestas a través de los convenios entre países y organismos multilaterales (ONU, OEA, UE, FMI, BM), a pesar del esfuerzo de los grupos de expertos que han trabajado el complejo tema de las economías ilícitas, con todo y la cooperación de los sujetos obligados del sistema financiero internacional, público y privado.
Sin embargo, seguimos creyendo que las palabras clave en la lucha contra el tráfico de drogas siguen siendo la cooperación y la coordinación multilateral. Las organizaciones criminales no tienen nacionalidad ni ideología. Es por ello que, en el debate constituyente, fui defensor de la tesis de incluir en la Constitución la extradición de nacionales. Lamentablemente, la mayoría aprobó todo lo contrario. Esto significa que, en la actualidad, para poder extraditar a un delincuente con pasaporte venezolano, tendría que producirse una reforma de la Constitución.
Es muy difícil pelar plátanos con bayonetas. Lo más conveniente para enfrentar el tráfico de drogas es el trabajo de análisis e inteligencia, es decir, seguir la huella de los capitales ilícitos con las tecnologías más avanzadas de las que hoy se dispone, en vez de utilizar despliegues militares sin objetivos claros.
Seguramente, con los recursos técnicos actuales, se podrán realizar acciones militares quirúrgicas para eliminar campamentos de narco-guerrilleros, cultivos y laboratorios, y quizás hasta capturar o liquidar físicamente a un capo, como ya ocurrió con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Sin embargo, como es evidente, eso no es suficiente tal como lo han demostrado los hechos. El “negocio” de las drogas ilícitas no solo ha continuado, sino que ha crecido por la impunidad que genera la corrupción estimulada por su gran poder económico.
Algunos países han ensayado soluciones a través de la despenalización del consumo de algunas drogas, con resultados nada satisfactorios. Sin duda, se trata también de un complejo problema de salud pública en el que profundizaremos en otro artículo.
Actualmente, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Y en México, a pesar de su experiencia con la “guerra” contra las drogas, es evidente que buena parte de su territorio está bajo control de los carteles más sanguinarios, responsables además, en alianza con grupos criminales estadounidenses, de la grave crisis sanitaria que afecta a EE. UU. por el consumo de fentanilo.
Por su parte, Venezuela, que siempre ha sido un país puente del tráfico internacional de drogas proveniente de Colombia, ahora, como consecuencia del debilitamiento de las instituciones democráticas y el surgimiento de un poder cleptocrático y kakistocrático, enfrenta graves acusaciones de otros países y de la Corte Penal Internacional que señalan a quienes usurpan el poder de ser los cabecillas de una trama criminal internacional. Maduro y sus cómplices, en vez de intentar escudarse cobardemente detrás del aparato represivo policial y militar, deberían presentarse y tratar de defenderse en las jurisdicciones penales competentes en las que están siendo requeridos.
El aislamiento internacional al que ha sometido el autócrata Maduro a Venezuela, después del descarado robo de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024 – producto de su ilimitada ambición de poder – plantea, no solo para nuestro país sino para el hemisferio mismo, la necesidad de un cambio político urgente en Venezuela, tal como fue el mandato del pueblo en las pasadas elecciones presidenciales.
Obviamente, la presión interna, la indignación y la rabia de los venezolanos deberían ser canalizadas por la institución militar, es decir, la Fuerza Armada Bolivariana, como es su deber, ya que tiene que hacer valer el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, de la manera menos traumática posible, propiciando así que, a partir de allí, se inicie una negociación con todos los actores de la sociedad venezolana – con la mayor amplitud – para impulsar un proceso de transición hacia la democracia que restituya la plena vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y promueva un mensaje de reconciliación, esperanza y paz por un mejor futuro para todos.
