El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó este viernes a la sede de la Fiscalía de la Nación para ser interrogado por el fiscal general, Pablo Sánchez, como parte de la investigación preliminar que se sigue de un presunto caso de corrupción en el actual gobierno.
“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, señaló Castillo en Twitter antes de partir caminando hacia la sede fiscal, ubicada a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.
El jefe de Estado, que fue escoltado por un numeroso contingente policial, comenzó a brindar sus declaraciones en estricta privacidad como parte de la investigación de la concesión para la construcción de un puente en la Amazonía del país, que la Fiscalía considera que pudo otorgarse a una presunta organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo.
La Fiscalía plantea que el mandatario es el líder de esa organización, presuntamente encargada de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral del año pasado y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
Castillo adelantó este jueves que asistiría a las citaciones del Ministerio Público «para dar la cara» ante las imputaciones que se hacen en su contra y que él niega de manera enfática.
Por este caso también están siendo investigados por el fiscal de la Nación el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, quien se encuentra actualmente prófugo de la Justicia, y un grupo de congresistas del partido Acción Popular.
Castillo acudió a la citación fiscal a pesar de que su defensa presentó el pasado miércoles ante el Poder Judicial una demanda de “tutela de derechos” para exigir que se anule cualquier investigación en su contra, ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras ejerce el cargo.
Durante esa audiencia, la Fiscalía explicó que considera que Castillo debe ser investigado como «líder de una organización criminal» enquistada en el Ejecutivo para obtener «beneficios ilegales» de contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El representa fiscal Samuel Rojas remarcó en ese momento que «es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado».
Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo, mientras que, por otro, pide al Estado combatir la corrupción.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el Fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.
Espinoza aseguró que el mandatario ha recibido un «trato discriminatorio», porque a ningún gobernante anterior se le ha abierto una investigación mientras duró su mandato y citó los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), imputados por lavado de activos a raíz del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En la actual investigación contra esos procesos, las autoridades han emitido una orden de captura contra el exministro Silva, el exsecretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.
Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes aseguraron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y han presentado audios haciendo presuntas coordinaciones con los funcionarios imputados.
