El canciller de Venezuela, Yván Gil, precisó por medio de un comunicado que se rechaza la «aplicación de una ley violatoria a los derechos humanos en contra de nuestros migrantes», por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi», reza parte del comunicado.
«El migrante venezolano que cruzó nuestras fronteras en busca de alternativas de vida, lo hizo por razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela», se indicó.
«En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni «enemigos extranjeros.
Igualmente, «Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región. La unidad y solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo», advierte.
A continuación el comunicado íntegro:
República Bolivariana de Venezuela
Comunicado
VENEZUELA RECHAZA APLICACIÓN DE UNA LEY ANACRÓNICA, VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS E ILEGAL, CONTRA NUESTROS MIGRANTES
La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi.
La Ley del Enemigo Extranjero de 1798, en la que se basa esta orden presidencial, es una ley anacrónica que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos de América, si no que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad.
El migrante venezolano que cruzó nuestra fronteras en busca de alternativas de vida, lo hizo por razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas a nuestro pueblo por el bloqueo criminal a nuestra economía, impuesto por gobiernos de occidente en contra de toda la sociedad venezolana para perpetrar sus planes de cambio de régimen en Venezuela.
En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni «enemigos extranjeros». Son víctimas.
Venezuela rechaza la persecución contra nuestros connacionales, la expropiación de sus bienes personales, patrimonio, negocios, vehículos, cuentas bancarias. Asimismo, denunciamos de forma enérgica que nuestros compatriotas en Estados Unidos están siendo sometidos a persecución en sus lugares de trabajo, colegios, iglesias, hospitales y espacios públicos. Con profunda indignación repudiamos la amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad; nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas, que son considerados criminales por el solo hecho de ser venezolanos.
María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni, Leopoldo López, y otros, conforman el núcleo criminal que ha solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus mas grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Así como intentaron obtener rédito político del sufrimiento que infringieron al pueblo a través de las sanciones, son los responsables de la creación de una red criminal de coyotes que a cambio del dinero de humildes venezolanos y venezolanas condujeron a muchos de nuestros compatriotas a distintos países, incluido los Estados Unidos. De esta acción criminal de la facción del extremismo opositor venezolano, existen suficientes pruebas en manos de los organismos de seguridad estadounidense. Una investigación imparcial sacaría a la luz estas evidencias.
Estos apátridas celebran esta proclama que no solo estigmatiza, sino que invoca la figura de «enemigo extranjero» para calificar a una migración pacífica y trabajadora.
Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano.
Desde el Decreto Ejecutivo firmado en 2015 por Barack Hussein Obama, donde se declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria», la persecución contra nuestro país y su pueblo no ha cesado. Ante la gravedad de esta maniobra ilegítima y violatoria de los derechos humanos, fechada 14 de marzo del año en curso, Venezuela convoca a la unidad nacional, al infinito espíritu de solidaridad de nuestro pueblo, y al desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político, en defensa de nuestros migrantes y de sus familiares que conviven en nuestro país.
No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales, a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes.
Venezuela hace un llamado urgente e inmediato a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de nuestros pueblos y denuncie esta acción aberrante ante el mundo. No es solo un ataque contra Venezuela, es un precedente peligroso contra toda nuestra región.
La unidad y la solidaridad de nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo.
¡Venezuela toda exige respeto a sus migrantes y sus familias!
Caracas, 16 de marzo de 2025
