|| Rodolfo Gamarra
Los especialistas cuestionan la eficacia de estas acciones, al considerarlas parciales y carentes de un plan integral que aborde las causas profundas del problema
El gobierno de Venezuela ha implementado una serie de medidas extraordinarias con el objetivo de abordar la crisis energética que enfrenta el país, una situación que se ha visto agravada por los efectos del cambio climático y la sequía que afecta a la nación.
Estas acciones, que comenzaron a aplicarse desde ayer y se extenderán por un período de un mes y medio, buscan fomentar el ahorro energético ante los alarmantes niveles de la represa de El Guri, de donde se genera más de 80% de la electricidad del país.
El plan se centra en la reducción de las horas laborales en las instituciones estatales, aunque se ha excluido a los centros educativos, de salud y de seguridad ciudadana de esta medida.
Sin embargo, expertos como Enrique García, representante de la organización ecologista Sembramos Todos, han expresado sus dudas sobre la efectividad de estas iniciativas, al considerarlas “insuficientes y desconectadas de un enfoque integral que aborde las raíces del problema”.
García argumentó que, aunque el racionamiento eléctrico puede ofrecer un alivio temporal a la presión sobre el embalse de Guri, que presenta niveles preocupantes, la estrategia ignora factores cruciales, como el hecho de que el alumbrado público permanece encendido durante el día en un 80% de las ciudades.
Además, subrayó el impacto significativo de las granjas de minería de criptomonedas, cuyo consumo energético es comparable al de una pequeña localidad, al resaltar que una sola máquina de minado consume más energía que un secador de cabello, “lo que resulta alarmante en medio de una crisis”.
Para García, la solución debe abordar múltiples aspectos, lo que incluye la modernización de la infraestructura eléctrica “obsoleta”, reducción de pérdidas por cableados ineficientes y la suspensión de actividades de alto consumo, como las granjas de criptomonedas, durante la emergencia.
«Las medidas deben ser integrales, y no basta con apagar hogares mientras otros sectores derrochan energía», insistió.
DEFORESTACIÓN Y CRISIS AMBIENTAL
Más allá de la energía, García vinculó la actual ola de calor y la escasez de agua a la degradación ambiental. «Venezuela perdió un millón de hectáreas de capa vegetal, equivalente a nueve veces la extensión del Parque Nacional Henri Pittier», alertó.
Resaltó que la deforestación y los incendios forestales, devastaron solo en el reservorio aragüeño 30.000 hectáreas en 2024, “lo que ha roto el ciclo del agua”.
Enfatizó que esta situación se repite de forma similar en bosques y parques nacionales de todo el país, “sin que se tomen medidas serias” y contundentes para evitar estas tragedias ambientales. «Sin árboles, hay menos humedad y las lluvias se vuelven irregulares”, destacó García.
El conservacionista señaló que la invasión de los parques y aéreas protegidas es una realidad que se multiplica a lo largo y ancho del país, lo que trae como consecuencias grandes áreas deforestadas.
A su juicio, la minería legal e ilegal en los estados Bolívar y Amazonas contribuye con la destrucción de la capa vegetal, ya sea por eliminación de los bosques o por la contaminación del suelo y las aguas con metales pesados utilizados en los procesos de extracción de minerales.
El activista también criticó el marco legal obsoleto. «La Ley de Bosques no tiene reglamento y los incendiarios son liberados de manera inmediata, por lo que necesitamos leyes actualizadas y aplicación real de correctivos».
| TODOS PERDEMOS
Enrique García, representante de la organización ecologista Sembramos Todos, calificó las acciones gubernamentales como “cosméticas”, al insistir en que el racionamiento “no compensa décadas de mal manejo ambiental y energético. El lago de Valencia es un pozo de aguas servidas, y el ecosistema está colapsado. Todos salimos perdiendo». Mientras el país enfrenta temperaturas récord y cortes eléctricos, expertos exigen un plan coherente que combine ahorro energético, protección de bosques y políticas públicas audaces. De lo contrario, advierten que la crisis se profundizará, con consecuencias irreversibles para el clima y la población. |
EL DATO
El Henri Pittier tiene unas 107.800 hectáreas y apenas cuenta con 120 guardaparques, a cada uno le correspondería vigilar un aproximado de 1.000 hectáreas, lo que resulta en una gran deficiencia de personal.
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