|| David Marcano Duarte
Según cifras que maneja la ONG Foro Penal, 1.229 personas están privadas de liberad por hechos post electorales
De acuerdo a la data suministrada por parte de la ONG Foro Penal, actualizada el jueves pasado, la cantidad de detenidos en el país como consecuencia de las manifestaciones ocurridas un día después de las elecciones presidenciales del 28J, alcanza la cifra de 1.229, aunque Provea y el mismo parte oficial dan cuentas de más de 2.200 personas. Esto, sin sumar la del exgobernador del estado Mérida, William Dávila, quien fue privado de libertad en horas de la noche de ese mismo día.
María Verdeal, vicepresidenta nacional del partido político Movimiento Al Socialismo (MAS), ve con preocupación que después de los resultados de las elecciones presidenciales, aún hay opiniones encontradas.
“El país sigue expectante de lo que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), por las dudas razonables que existen ante dichos anuncios”, agregó.
En declaraciones dadas a El Periodiquito, comentó que lo más preocupante fue ver a escala nacional un proceso de persecuciones sistemáticas contra manifestantes y líderes opositores, en el que han participado organismos de seguridad sin presentar órdenes de detención, ni judiciales los casos de allanamientos a viviendas.
“Hemos visto cómo son violentadas las casas de líderes políticos, donde prácticamente los arrastran funcionarios carentes de identificación con pasamontañas, que impiden ver su rostro y se movilizan en vehículos sin placas oficiales”, dijo.
En el caso del estado Aragua, Verdeal mencionó el caso de la detención de Richard Granadillo, quien es secretario general del MAS y concejal en el municipio Libertador, de quien desde la noche del lunes pasado y hasta ayer “no ha sido presentado ante los organismos jurisdiccionales”.
Aclaró que en lo que respecta al partido político que representa, jamás ha estado ligada a ningún hecho violento, así como en acciones que vulneren lo relacionado a la participación o la Constitución y en consecuencia las líneas democráticas.
En este sentido, refirió que en los 53 años de vida en el país, el MAS por primera vez tiene un dirigente detenido, “violentando lo que es el debido proceso”.
“Hemos visto que se les niega la presunción de inocencia y tampoco se les permite mantener comunicación con sus abogados de confianza, para ejercer la legitima defensa, aislándolos incluso de familiares, eso es inconstitucional”, expuso.
Destacó que la paz del país no se construye deteniendo, persiguiendo y amedrentando a sus ciudadanos. “Es inaceptable que esta situación se siga repitiendo, con la violación sistemática de los derechos humanos”.
Hizo un llamado a la sensatez y a parar “la ola represiva”, porque lo viable es la conciliación, reconocimiento y el reencuentro a una posible negociación. “Es lamentable la confrontación de venezolanos contra venezolanos”.
UNA PARTE DE LA REALIDAD
Roberto Campero, líder gremial en la entidad, calificó de preocupante la cantidad de personas que han sido detenidas en los últimos días en el país.
“Se trata de ciudadanos que ejerciendo su derecho a la protesta pacífica establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional, actuaron apegados a la ley”, dijo.
Indicó que igualmente es grave el hecho de que un alto porcentaje de esos detenidos fueran privados de libertad en sus propios hogares “el cual es inviolable”, pasando por encima de los artículos 44 y 47.
Argumentó que este procedimiento sólo corresponde, de acuerdo al debido proceso, si existe orden judicial emanada de un tribunal.
“Es preocupante cuando se está en un sistema democrático en el que no se le respetan los derechos a los ciudadanos y se viola la Constitución, donde ni Fiscalía, ni tribunales actúan en favor del debido proceso”, expuso.
Exhortó a los cuerpos de seguridad del Estado y a los entes responsables de administrar la justicia, a que respeten y hagan buen uso de lo establecido en las leyes venezolanas que rigen esta materia.
