|| Rodolfo Gamarra
Estudiantes que, aunque tienen bajos promedios, demostraban talento en las pruebas específicas quedarán excluidos con el nuevo sistema
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), bajo lineamientos del Ministerio de Educación Universitaria, aprobó una polémica medida que elimina los sistemas de admisión propios de las universidades públicas venezolanas. La decisión, ejecutada a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), concentra en el Estado la totalidad del proceso de ingreso estudiantil.
Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), calificó esta acción como «un ataque frontal a la autonomía universitaria». Explicó que el Artículo 26 de la Ley de Universidades establece que cada institución tiene derecho a diseñar sus propios mecanismos de selección. «No es una cuestión burocrática, sino académica. Las pruebas internas permiten evaluar aptitudes específicas necesarias para ciertas carreras», argumentó.
Freddy Lucena, representante de la Asociación de Profesores de la UPEL seccional Maracay (Apro Upel), coincidió en que se trató de una violación institucional, pero va más allá: «El Estado utiliza su mayoría circunstancial en el CNU para imponer decisiones sin debate real. Esto no es democracia universitaria, es imposición».
CONSECUENCIAS ACADÉMICAS INMEDIATAS
Rago advirtió sobre el impacto educativo de la medida. En la UCV, el 20% de los ingresos se manejaba mediante pruebas internas, mientras el 80% restante correspondía al sistema nacional. «Ese 20% era crucial para carreras que requieren habilidades específicas. Ahora todo dependerá de un promedio, que no siempre refleja vocación o aptitud», señaló.
Por su parte, Lucena enfatizó en el daño a los procesos de nivelación. «Nuestro sistema en la UPEL incluía cursos propedéuticos para reforzar conocimientos. Sin ellos, aumentará la deserción». Mencionó casos de estudiantes que, aunque tienen bajos promedios, demostraban talento en las pruebas específicas. «Con el nuevo sistema, estos jóvenes quedarían excluidos».
VIOLACIÓN A ACUERDOS LABORALES
El representante de Apro Upel denunció otro aspecto grave: la medida anuló convenciones colectivas que garantizaban cupos para hijos del personal universitario. «Entre el 15 % y el 20 % de los ingresos correspondían a este derecho adquirido. Ahora ese beneficio desaparece sin consulta».
Rago reconoce la gravedad del asunto, aunque precisó que los mecanismos especiales por méritos deportivos o culturales (Artículo 25) siguen vigentes. «Sin embargo, hay afectaciones a derechos laborales que deben revisarse», admitió.
PROCESO ANTIDEMOCRÁTICO
El rector de la UCV reveló detalles preocupantes sobre cómo se tomó la decisión. «En la sesión del CNU apareció este punto sin previo aviso. No hubo documentos circulados con anticipación para su análisis». Criticó que se utilizó la «fuerza numérica» de rectores oficialistas para aprobarla sin discusión sustantiva.
Lucena corrobora esta falta de transparencia: «Cuando se trata de temas académicos complejos, el protocolo exige consultas técnicas. Aquí hubo cero consideración por los especialistas en educación superior».
CRISIS UNIVERSITARIA AGRAVADA
Ambos expertos contextualizan la medida dentro del colapso general del sistema. Rago mencionó que la UCV ha perdido el 50 % de su población estudiantil y profesoral en los últimos años. «Mientras deberíamos discutir cómo recuperar nuestra capacidad académica, nos imponen medidas que empeoran la situación».
Lucena, por su parte, señaló: «Venezuela desapareció de los rankings universitarios internacionales. En lugar de invertir en laboratorios o salarios dignos, el Estado prefiere controlar».
RESISTENCIA Y POSIBLES SALIDAS
Pese al panorama, el Rector Rago mantiene abierta la posibilidad del diálogo. «Hemos sostenido reuniones con el ministro. Existe voluntad de revisar algunos aspectos, como el financiamiento al programa Samuel Robinson».
Lucena, más escéptico, afirmó que las universidades deben unirse. «Quemaremos todos los canales de discusión. Esto no termina aquí, porque va más allá de la admisión: es sobre qué tipo de educación superior queremos».
UN FUTURO INCIERTO
Mientras tanto, en las universidades del país se celebran concejos de facultad y reuniones entre las máximas autoridades académicas y el Ministerio de Educación, con la esperanza de agotar las discusiones y que estas produzcan acuerdos que beneficien a todos. En los próximos días se generará un comunicado con los resultados obtenidos.
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