En primer término prioriza la conciliación y los acuerdos de pago, antes de optar por medidas extremas.
Rodolfo Gamarra
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), ha reactivado los procesos judiciales para recuperar deudas por cuotas de condominios atrasados, una decisión con profundas implicaciones legales y económicas.
La medida busca embargar e incluso rematar inmuebles para paliar la crítica morosidad que afecta la operatividad de los edificios y su valor en el mercado.
Expertos en derecho analizan el alcance de estas sentencias y su impacto real.
Medidas para recuperar deudas
María Alejandra Parra, especialista en derecho de condominios e inmobiliario, explicó que el alto tribunal ha reactivado los embargos y la indexación por cuotas impagas.
“Se puede demandar y embargar al deudor de cuotas de condominio, es posible llegar al remate judicial del inmueble por cuotas vencidas”, afirmó.
Detalló que el objetivo central de esta decisión es normalizar la situación de los condominios, gravemente afectados por la morosidad.
Problemática que “afecta todo el funcionamiento de los servicios y lo referente al deterioro por la falta de mantenimiento. Lo que tiene repercusión directa en el valor del inmueble”, precisó.
Parra también destacó el fenómeno de la “neomorosidad”, que se presenta en “gente profesional, preparada, con un poder adquisitivo antes bastante fuerte, pero hoy día con una capacidad económica disminuida”. Entre este grupo mencionó a abogados, profesores universitarios y personas que migraron, “lo que ha dejado a muchos de sus padres desamparados” en las propiedades.
A pesar de las herramientas legales ahora disponibles, la abogada hizo hincapié en la búsqueda prioritaria de la conciliación y los acuerdos de pago, antes de optar por medidas extremas como el embargo.
Impacto en el Mercado Inmobiliario
Walter Jair González, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, ofreció su perspectiva sobre las consecuencias de estas sentencias para el sector.
Coincidió en que la morosidad genera un deterioro en los servicios y el mantenimiento de los edificios, lo que inevitablemente deprime el valor comercial de las unidades.
“Esta sentencia viene a rescatar parte de esa morosidad, rentabilidad de los condominios y a su vez el valor de los inmuebles”, señaló el representante gremial.
No obstante, González indicó que, por el momento, el mercado inmobiliario no muestra una “merma significativa” como consecuencia directa de la reactivación de estos juicios. “Sigue su normalidad, su transcurso, tal cual”, afirmó.
Su expectativa es que, a mediano plazo, la medida judicial incentive a los deudores a regularizar su situación.
Espera que “baje la morosidad” y que “aumenten los pagos o la gente vaya abonando más a sus deudas, o que aumenten los acuerdos de pago”.
| Fundamento legal y alcance de las medidas
El abogado Óscar Bohórquez Hurtado, ex juez superior de la región capital y fundador de la Cámara Inmobiliaria de Aragua, aclaró los fundamentos jurídicos del proceso. Recordó que la deuda puede cobrarse judicialmente desde el primer mes de atraso y que las liquidaciones del administrador tienen “fuerza ejecutiva”. Esto permite al condominio, como acreedor, obtener del juez una medida “inaudita parte”, es decir, que “se decreta y se practica sin que el deudor sea notificado ni oído previamente”. El experto detalló las medidas cautelares disponibles, que incluyen “el embargo de bienes muebles como un vehículo, enseres del hogar, sueldos y salarios; prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles del deudor, en especial sobre el propio apartamento; y el secuestro”. Bohórquez Hurtado confirmó, además, que el TSJ ha sentenciado que “las cuotas de condominio pueden ser exigidas en dólares”, aunque el deudor conserve el derecho a pagar en bolívares al tipo de cambio oficial del BCV del día del pago. También aclaró que las cuotas atrasadas generan intereses de mora, los cuales son demandables junto al capital adeudado. Por lo que la reactivación de estos juicios por el TSJ proporciona a las administradoras un instrumento legal contundente para sanear sus finanzas. “El éxito de esta medida no se medirá solo por el número de sanciones decretadas, sino por su capacidad para incentivar la regularización voluntaria de deudas y, en última instancia, por su contribución a la estabilidad del parque inmobiliario residencial venezolano”, acotó. |
