Pese a que el máximo juzgado declaró “inexistente” la normativa que aseguran “cercenó primas, bonificaciones y desconoció cláusulas de los contratos colectivos”, los trabajadores públicos se mantienen en protesta.
Ayer se concentraron en la esquina de Salas, en el centro de Caracas, y marcharon hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde una vez más se pronunciarán en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
“Nos siguen descontando descaradamente. Las quincenas que se han pagado posterior a esas sentencias deberían estar completas si ese instructivo no existe”, dijo Elsa Castillo, una de las manifestantes.
En plenas vacaciones judiciales, el TSJ dio a conocer al menos tres sentencias de recursos contra el instructivo Onapre.
Además de que la Sala Político Administrativa dijo que no existía, multó tanto a los rectores de universidades públicas como a trabajadores y jubilados del Ministerio Público que introdujeron recursos contra el instructivo.
“Se impone multa a cada uno de los accionantes y a su representante en el presente asunto, por cincuenta veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, estimado a la presente fecha, pagaderos a favor de la Tesorería Nacional», destacó una de esas sentencias que se dio a conocer el pasado 24 de agosto.
En la marcha participaron trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del estado Falcón.
“Estamos haciendo acto de presencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)… no nos queda otra vía que la calle”, dijo Starling Bracho, secretario general del sindicato de trabajadores eléctricos de esa entidad.
“Las calles son del pueblo y no de la policía”, gritaron trabajadores mientras avanzaban por la avenida Baralt.
LA LLEGADA
A lo largo del recorrido, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se mantuvieron atentos para impedir que las personas accedieran a ciertos puntos de la ciudad.
Finalmente, llegaron al Tribunal Supremo de Justicia donde entregaron un documento en el que exigen que fijen las audiencias de los amparos constitucionales aprobados por la Sala Constitucional.
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