|| Carlos Tablante
El espíritu del 23 de enero de 1958 trajo entre sus efectos la recuperación de la estima de los uniformados venezolanos que durante las décadas siguientes compartieron con la Iglesia Católica la mayor aceptación como instituciones a los ojos de la ciudadanía venezolana.
La proximidad de otro enero histórico y las similitudes y diferencias de la situación en ambos momentos, me obligan a insistir en algunos aspectos fundamentales que deben considerar hoy, los oficiales, suboficiales y clases de nuestra Fuerza Armada Nacional.
Todos los militares venezolanos juran ante nuestros símbolos y asumen el compromiso de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ella, en su artículo 5, dice textualmente: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”
En 1958, tropas y oficiales, percibieron un descontento inmenso y se negaron a ser cómplices de la violación cometida por Marcos Pérez Jiménez contra su propia Constitución.
El pasado 28 de julio, en la elección presidencial – como todos los militares venezolanos lo saben por ser los custodios del proceso electoral – el Soberano tomó una decisión y ella es de obligatoria aceptación.
Si Maduro, atrincherado en Miraflores, mediante el fraude pretende impedir su cumplimiento, comete un delito en flagrancia y quienes lo secunden serán sus cómplices, con la responsabilidad personal y colectiva que ello implica.
Ni el déspota ni los enchufados de su cleptocracia, merecen la lealtad de la mayoría de los venezolanos uniformados.
Para algunos analistas, el autócrata Maduro puede hacer lo que le viene en gana, inclusive convertirse en ganador de unas elecciones que perdió abrumadoramente. Lo cierto es que un dato histórico innegable es que el soberano decidió rechazar el continuismo de Maduro en la Presidencia y votó claramente el 28 de julio por la opción del cambio representada por Edmundo González Urrutia. Fue un voto de rechazo y al mismo tiempo de esperanza. Por lo tanto, no debemos dejar de reclamar el reconocimiento de esa decisión mayoritaria que superó con determinación y valentía todos los obstáculos de las restricciones antidemocráticas impuestas por el régimen. El intento de Maduro de juramentarse el 10 de enero es un fraude que debemos rechazar.
Los militares, más allá de vivir en carne propia el mismo sufrimiento de quienes somos sus compatriotas, se encuentran sometidos permanentemente a tratos indignos, a vigilancia humillante y a prohibiciones para viajar y comunicarse libremente con familiares y amigos. Sabemos que la inmensa mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional desea el restablecimiento constitucional y, con él, un sistema de libertades y equilibrio institucional que favorezca el desarrollo económico y social de todos los venezolanos.
La única lealtad de la Fuerza Armada Nacional es con el pueblo soberano y con la Constitución nacional.
Rechazar la complicidad con el grave delito de fraude electoral, además cometido ante los ojos del mundo, no sólo representa la propia protección personal y familiar, sino que además es un deber y un acto de honor frente a la Carta Magna cuyo artículo 328 define con claridad el tema de la lealtad:”La Fuerza Armada Nacional en el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Ese mismo texto constitucional, en su artículo 333 impone a todos los ciudadanos el deber de defenderla en los siguientes términos:
“Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida, o no, de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
En el caso específico de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, ese deber se convierte en obligación por dos razones: En primer lugar las armas que portan tienen la función de defender la Soberanía; en segundo lugar, al ser los responsables del Plan República, actuaron como garantes de las elecciones del 28 de julio, fueron testigos (y cientos de oficiales voceros in situ) de los resultados de ese acto y SON LOS CUSTODIOS DE LAS ACTAS Y LAS CONSTANCIAS FÍSICAS DE LOS VOTOS EMITIDOS EN TODAS LAS MESAS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS.
La Fuerza Armada Nacional tiene en su poder los 30.026 sobres número 1, que contienen la información que el CNE – avalado por el TSJ – violando la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se ha negado a publicar. La negativa de publicar los resultados y pretender imponer como próximo Presidente a quien perdió ampliamente, conforman un acto de fuerza que viola la Constitución y debe involucrarnos a actuar en su defensa.
Nuestros hombres y mujeres de armas tienen ante sí una decisión que no debería producirles ningún tipo de dudas: Cumplir con su deber o ser cómplices de un golpe de Estado.
Cuando la inmensa mayoría del pueblo, sin investidura ni armas, expresa soberanamente con su voto la decisión de restituir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le señala el rumbo correcto a quienes sí poseen autoridad y armas.
El futuro de paz y progreso económico y social que Venezuela merece y reclama, está en manos de la Fuerza Armada Nacional como institución.
Es su deber, es su obligación, es su redención.
