El mandatario nicaragüense Daniel Ortega impulsó una reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y establece oficialmente el cargo de “copresidenta”, desempeñado por su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo.
La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional, amplía significativamente los poderes del Ejecutivo al otorgarle la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Electoral, publica Infobae.
Según el texto, el presidente tiene la función de “articular y supervisar” las acciones de estos órganos, una medida que, según expertos, anula cualquier separación de poderes y confirma la concentración de autoridad en manos de Ortega y Murillo.
SÍMBOLOS Y REIVINDICACIONES DEL SANDINISMO
Además de los cambios en la estructura del poder, las reformas incluyen disposiciones simbólicas y políticas que subrayan la ideología del gobierno.
Una de ellas es la incorporación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) como símbolo patrio, lo que, según analistas, busca perpetuar el vínculo entre la identidad nacional y el partido gobernante.
Otra medida destacada es la reafirmación de la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su “intervención” en la guerra civil de los años 80.
UN PANORAMA DE REPRESIÓN Y EXILIO
El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un ambiente de creciente represión.
Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, Ortega ha eliminado prácticamente toda oposición política, cerrando medios de comunicación independientes, encarcelando a líderes críticos y forzando al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
“Esto no es solo una reforma constitucional; es la institucionalización de una dictadura absoluta”, señaló un politólogo exiliado en Costa Rica al periódico local La Prensa, quien pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Según organizaciones internacionales como Human Rights Watch, las modificaciones son una estrategia más del régimen para consolidarse en el poder indefinidamente.
UN FUTURO INCIERTO
Con estas reformas, Ortega asegura su control absoluto del poder mientras enfrenta un país cada vez más aislado en la arena internacional.
Las perspectivas para la oposición son desoladoras.
Con información de Versión Final
