El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recibió este miércoles el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Venezuela, lo que causó un intenso debate entre los representantes de varios países que concluyó seis horas después e impidió la lectura del documento.
La polémica surgió a raíz de que la representante de Antigua y Barbuda afirmara que no se presentó el informe traducido en cuatro idiomas y recordó que la normativa de la OEA estipula que los documentos deben ser presentados con un mínimo de 72 horas de antelación para su revisión.
La solicitud fue respaldada por las delegaciones de las islas del Caribe, Bolivia, Brasil y Colombia.
Durante la sesión, que se extendió por más de seis horas, los representantes de estos países señalaron que el proceso para la presentación del informe no cumplía con los requisitos reglamentarios. En este sentido, Antigua y Barbuda indicó que no se podía votar para “infringir las normas establecidas”, y que “respetar el reglamento era esencial para mantener la reputación de la organización”.
Por su parte, países como Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina resaltaron la importancia de incluir a Venezuela en la agenda del día, al considerar que se trata de un asunto lo suficientemente «grave» como para que la discusión sobre el cumplimiento de las normas procedimentales sea prioritaria, tratándose de un «caso excepcional».
El embajador de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, defendió la importancia del informe de la CIDH y acusó a algunos países de “obstaculizar el debate sobre la tragedia humanitaria que enfrenta Venezuela”.
“Lo que nos interesa es el informe de una relatora que nos dará una perspectiva sobre la crisis en Venezuela”, expresó, enfatizando que el Consejo no puede permitirse “perder tiempo” en cuestiones procesales mientras la situación en el país sudamericano se deteriora.
