Un juez federal dictaminó ayer que el gobierno del presidente Donald Trump le debe otorgar a los más de 100 migrantes enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador la oportunidad de impugnar sus deportaciones.
El juez principal del tribunal de distrito, James Boasberg, afirmó que las personas que fueron enviadas a la prisión en marzo al amparo de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII no han podido impugnar formalmente las deportaciones ni las acusaciones de que pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Le ordenó al gobierno que emprenda labores para ofrecerles una vía para presentar esas impugnaciones.
El juez escribió que ha surgido “evidencia significativa” que indica que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no están relacionados con la pandilla “y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera gracias a acusaciones endebles, e incluso frívolas.”
Boasberg le dio al gobierno un plazo de una semana para encontrar la manera en la que las «al menos 137» personas puedan presentar esas reclamaciones, incluso mientras se encuentran formalmente bajo la custodia de El Salvador.
||AP
