El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 ha traído consigo un endurecimiento sin precedentes en las políticas migratorias, cuya aplicación ha generado creciente preocupación. Aunque la administración afirma que su objetivo es deportar únicamente a quienes representen una amenaza para la seguridad nacional, los datos sugieren una realidad distinta.
Un análisis publicado por The Washington Post, basado en información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenida vía la Ley de Libertad de Información, revela que más de 273,000 personas han sido arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va de 2025. De ellas, cerca de 239,000 ya han sido deportadas, reseñó La Opinión.
El estudio fue elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación, un grupo de abogados y académicos que accedieron a los registros ante la aparente falta de transparencia oficial. Según sus hallazgos, casi el 60% de los detenidos no tiene antecedentes penales, y muchos tampoco enfrentan cargos criminales abiertos.
Los hombres adultos representan el 90% de las deportaciones, mientras que el 10% restante corresponde a mujeres y niños, lo que ha generado cuestionamientos sobre los criterios reales utilizados en las detenciones.
Uno de los grupos más afectados ha sido el de ciudadanos venezolanos. Su número de detenciones ha crecido significativamente tras la eliminación de su Estatus de Protección Temporal (TPS) y del programa de parole humanitario. En mayo, una decisión de la Corte Suprema avaló la revocación del permiso de permanencia para más de 500,000 inmigrantes de Venezuela, Cuba y Haití. Posteriormente, la medida se extendió a ciudadanos de Honduras y Nicaragua.
Desde finales de mayo, ICE ha intensificado sus operaciones, realizando hasta 1,000 arrestos diarios, con la meta de alcanzar los 3,000 por día, en cumplimiento de órdenes internas que exigen una política migratoria más agresiva.
Texas, Florida y California encabezan la lista de estados con más detenciones. Sin embargo, el crecimiento más acelerado se ha registrado en Virginia, donde los arrestos se han cuadruplicado en los últimos meses. Vermont, en contraste, se mantiene como el estado con menor actividad de ICE.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta política podría derivar en violaciones al debido proceso, deportaciones arbitrarias y la separación de familias, especialmente entre personas que residían legalmente en el país.
Con información de Agencias
