El Gobierno de Colombia denunció este viernes el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública, quienes fueron retenidos el jueves en los caseríos de El Plateado y La Hacienda, en los municipios de Argelia y El Tambo, en el departamento del Cauca.
La situación, que también incluyó un intento de homicidio, se produjo en medio de los operativos militares para recuperar el control de la zona, actualmente dominada por las disidencias de las Farc.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el secuestro y responsabilizó directamente a los perpetradores por la seguridad de los uniformados.
Aunque no se especificó cuántos de los retenidos pertenecen a la Policía o al Ejército, informes locales sugieren que son 28 agentes policiales que participaron en la contención de una asonada en El Plateado, donde además se reportó el incendio de dos vehículos oficiales.
Sánchez atribuyó estos hechos al grupo Carlos Patiño, una facción disidente de las Farc, señalando que los ataques fueron ejecutados por miembros de la organización y por pobladores «instrumentalizados» por ellos.
Según el ministro, esta estructura criminal recluta forzosamente a menores de edad y coacciona a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar la presencia del Estado en la región.
La situación ocurre en el marco de la “Operación Perseo”, un despliegue militar lanzado el 12 de octubre con más de mil soldados para recuperar el control de El Plateado, considerado un bastión estratégico del Carlos Patiño, vinculado al narcotráfico.
Sin embargo, cinco meses después, las disidencias continúan dominando el territorio y han incrementado sus ataques contra las fuerzas estatales.
Sánchez también denunció la reciente destrucción de un puente que conectaba El Plateado con La Hacienda, calificándolo como un acto que afecta directamente a las comunidades, limitando su movilidad y acceso a servicios básicos.
El ministro reiteró que, pese a la violencia en la zona, el Gobierno no implementará la erradicación forzada de cultivos de coca en el Cañón del Micay, un corredor clave para las rutas del narcotráfico.
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