La Casa Blanca negó haber violado la orden de un juez emitida este sábado de detener las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, lo que, de ocurrir, acercaría al país al borde de una crisis constitucional en medio de los enfrentamientos legales de una administración con pretensiones de amasar un vasto poder presidencial.
El drama rodea a los migrantes venezolanos expulsados con el uso poco común de una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros, otra decisión controvertida y que puede representar una extralimitación del presidente Donald Trump.
El juez federal de distrito James Boasberg bloqueó temporalmente las deportaciones para considerar las implicaciones de la aplicación de la ley y dictaminó ante el tribunal que cualquier avión que ya estuviera en el aire transportando migrantes debía regresar a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno anunció este domingo que 250 deportados, presuntamente afiliados a la pandilla Tren de Aragua, se encontraban bajo custodia salvadoreña.
Una declaración cuidadosamente redactada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt solo profundizó la intriga sobre si los funcionarios desafiaron al juez.
«La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, que carecía de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas (del Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense», declaró Leavitt.
Aún no se sabe con certeza cuándo se dictaron las órdenes de Boasberg ni cómo se relacionan con la operación de deportación. Pero si la administración desafiara al juez, podría crear el mayor atolladero legal de la administración hasta la fecha y alimentaría el temor de que una presidencia autoritaria pudiera desafiar abiertamente el Estado de Derecho.
