La administración de Donald Trump ha solicitado de manera definitiva la confiscación de una aeronave Dassault Falcón perteneciente al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que era utilizada como avión de uso oficial.
El avión fue incautado en 2024 durante un operativo realizado por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), en un intento de desmantelar las redes de corrupción y narcotráfico que aparentemente operan en Venezuela.
El Falcon, valorado en varios millones de dólares, fue utilizado por Maduro en sus desplazamiento , simbolizando no solo su opulencia, sino también el enfrentamiento entre el gobierno y la comunidad internacional.
La demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida, alega que el Falcon es confiscable por violaciones de la ley estadounidense, incluida la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) y violaciones de la legislación de blanqueo de dinero.
El 23 de enero de 2023, una empresa supuestamente con sede en San Vicente y las Granadinas, cuyo Gobierno es aliado de Venezuela, celebró un contrato para comprar el avión Dassault Falcon 900 EX, con número de cola T7-Esprt, a una empresa de Florida por 13,25 millones de dólares.
Según la demanda, esa empresa se constituyó poco antes de la compra, en junio de 2022, y fue eliminada del registro de empresas de San Vicente por impago de las tasas anuales dos años después, en mayo de 2024, de modo que su existencia fue solo para llevar a cabo esa operación.
El 6 de febrero un segundo avión Dassault Falcon al que se le prestaron servicios y mantenimiento de forma ilegal en violación de las sanciones de Estados Unidos, también fue incautado en República Dominicana a petición del Gobierno de Estados Unido
Ese segundo avión fue identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro como propiedad bloqueada de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, sancionada por Estados Unidos.
Con información de Versión Final
