Las acusaciones realizadas esta semana contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podrían ser la antesala a la reanudación formal de las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según la opinión de defensores de los derechos humanos.
En un comunicado publicado el lunes, el gobierno venezolano cuestionó la imparcialidad del despacho del fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, y le acusaron de mantener vínculos con ONG en el país.
La asociación civil Control Ciudadano advirtió que el comunicado demuestra que el gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la investigación.
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a examen ante la negación de que estos ocurrieran por parte del Estado venezolano.
Carlos Lusverti, abogado y profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la cooperación positiva y proactiva que se palpaba en noviembre de 2021 entre el fiscal jefe de la CPI y el gobierno venezolano puede estar afectada a la luz del comunicado de la cancillería.
