La citación cursada a Boluarte por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es para el martes 7 de marzo en forma presencial, a diferencia de la solicitud de la Presidencia de la República que planteó hacerlo en forma virtual. (Congreso de Perú rechaza pedido de Boluarte de adelantar elecciones)
“La decisión de la doctora (Boluarte) de participar en la diligencia de la Fiscalía siempre ha sido positiva y con toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, declaró la abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.
Montenegro aseguró que “nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás”.
En ese sentido, adelantó que este domingo tendrá una reunión de coordinación con la mandataria sobre el tema de su notificación ante la Fiscalía.
Consultada el viernes en una rueda de prensa, Boluarte respondió que estaría asistiendo “con sumo agrado” cuando la Fiscalía la notifique de la diligencia.
La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la jefa de Estado en enero pasado por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves debido a los decesos y heridos por las protestas antigubernamentales desde diciembre último en varias regiones del país.
En la investigación preliminar están incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; su antecesor Pedro Angulo; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Víctor Rojas y César Cervantes.
Las protestas sociales estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y continuaron desde enero y los meses siguientes con una serie de movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. (Lea también: Enfrentamientos y ataques a infraestructura en nuevas protestas en Lima)
Según la Defensoría del Pueblo, 48 personas murieron durante enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía perdió la vida tras ser quemado vivo y otras 11 personas debido a los bloqueos de carreteras por manifestantes.
La presidenta Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero quedó retenido en los bloqueos, y Unicef informó del deceso de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.
