El poder en Tocorón II

El poder en Tocorón II

En 2014 denunciamos la política irracional del régimen de establecer las denominadas “zonas de paz”.La idea era crear una especie de “equilibrio” entre los delincuentes con mayor organización – y poder de fuego –  y el resto de grupos criminales, para que los primeros controlaran a los segundos que operaban en sus territorios.

De esta forma, el Estado, o lo que quedaba de él, hizo un pacto de cohabitación con cientos de bandas delictivas que existen en ciudades y pueblos.

El resultado:comunidades enteras sufren el enfrentamiento entre bandas y el incremento de homicidios, asaltos y secuestros.Todos recordamos los duros episodios vividos en San Vicente (Maracay) y El Cementerio (La Victoria), donde después del establecimiento de las respectivas “zonas de paz”, los pranes de Tocorón empezaron la guerra contra la autoridad, con el cobro de vacunas, la extorsión y la exigencia de que cerraran las comandancias policiales para que ellos tomaran el control de la “seguridad”.En sus propias palabras: el Tren de Aragua se haría cargo.

El experimento de cohabitación ya se había probado en las cárceles, donde los pranes -líderes negativos- terminaron teniendo el control total de las penitenciarias.Las convirtieron en sus guaridas para seguir ordenando secuestros, extorsiones, sicariatos y tráfico de drogas dentro y fuera de las mismas.Con un poder de fuego superior al de policías y guardias nacionales, los pranes de varias cárceles crearon una red delictiva nacional que actúa con absoluta impunidad.

En los últimos meses hemos visto cómo los tentáculos de El Tren de Aragua han cruzado fronteras llegando a Colombia, Brasil y Perú. Las autoridades de esos países han reaccionado con rapidez pero la preocupación ya es continental.

La función del Estado es enfrentar y ponerle freno a las bandas delictivas. Todo indica que en Venezuela es al revés: el régimen las ampara bajo el manto de la impunidad y hasta las usa en contra de la disidencia, de los que piensan diferente. 

Como ha dicho Juan Guaidó en la presentación del Plan País, una de las principales prioridades, después del cambio político urgente y durante la transición, es restablecer el Estado de Derecho y la plena vigencia de la Constitución, a través de un pacto nacional por la vida que permita recuperar el sistema de justicia con policías, fiscales y jueces idóneos que sean garantes del cumplimiento de la Ley, con instituciones fuertes y los recursos que sean necesarios.

 

Carlos Tablante

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