Francisco Gonzalo Velásquez salió a las calles este lunes 16 de octubre, como cientos de guatemaltecos, para reiterar el pedido colectivo del paro nacional de los últimos 15 días: la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, así como de otros funcionarios judiciales, por intentar bloquear la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo.
Pero Francisco no regresó a su hogar. Fue asesinado cuando se encontraba en el bloqueo de una vía en el cruce de Orizaba, Malacatán, en departamento de San Marcos, noroeste del país.
“Era jornalero, sembraba malanga. Hoy lo siguen velando”, informó Fía Heisenberg, de la organización Antigua al Rescate, en su red social X. El Cuerpo de Bomberos confirmó el deceso de una persona y varios heridos por disparos.
Testigos, según reportan medios locales, contaron que hombres encapuchados y armados llegaron al lugar de la manifestación y abrieron fuego.
En otros puntos del país, así como en la capital, Ciudad de Guatemala, también se registraron actos violentos contra la ciudadanía. La crítica, según el Comité De Desarrollo Campesino (Codeca), es que había presencia policial y no tomaron acción inmediata.
“Denunciamos y repudiamos esta represión contra el pueblo de Guatemala, que de manera pacífica está manifestándose en contra de la corrupción y exigiendo cambios estructurales”, publicó la organización en un comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Gobernación negó que los atacantes formen parte de la Policía Nacional Civil y dijo que, luego de los disparos, se coordinó la búsqueda de los vehículos involucrados y se logró la detención de 11 presuntos responsables. Además, reportaron que hay una patrulla de la Policía y un vehículo particular incendiados.
Renuncia de ministro tras presiones de la Fiscalía
Tras los violentos incidentes, la mañana de este martes 17 de octubre, el ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, presentó su renuncia y fue aceptada por el Ejecutivo. Al momento, el presidente Alejandro Giammattei analiza quién será su reemplazo.
El ahora exministro no detalló los motivos de su dimisión, pero esta ocurre luego de las presiones de parte de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, que solicitó a Barrientos utilizar la fuerza pública para desbloquear las vías a nivel nacional.
Las protestas y bloqueos son, precisamente, para exigir la renuncia de la fiscal general, a quien los manifestantes señalan de intentar impedir la investidura presidencial del progresista Bernardo Arévalo, prevista para enero.
La Fiscalía había pedido la destitución del ministro por “desobediencia” de un amparo presentado por un grupo de empresarios, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), ante la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para que se desaloje a los manifestantes.
La corte lo aceptó y, con ello, el Ministerio Público pidió que se hiciera efectivo, es decir, que se liberen las carreteras.
Sin embargo, este martes continúan las protestas en todo el país. Quienes se apostaron en los exteriores de la Fiscalía reiteraron que su protesta no cesará hasta la renuncia de Porras.
Arévalo exige investigación y respeto al derecho de protesta
“¡Ya basta!”, dijo el mandatario electo, Bernardo Arévalo, en una declaración pública, tras los hechos violentos en Malacatán.
“En democracia, las personas no son asesinadas por razones políticas, las diferencias se resuelven con un Estado presente que atienda las demandas de la población. Exigimos al Gobierno que inicie acciones de diálogo efectivas”, agregó.
Los manifestantes también se unen a las críticas contra el actual Gobierno por no tomar acciones para alcanzar una solución.
Luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Arévalo fue declarado ganador, la Fiscalía emprendió acciones, como la cancelación del movimiento Semilla, al que pertenece el mandatario electo, señalando un caso de supuestas firmas falsas para constituir la agrupación política.
La semana anterior, una misión de mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y representantes de autoridades indígenas que han liderado el paro nacional.
En un comunicado, la misión rechazó y condenó cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando deben asumir sus cargos Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
Con información de El Público TV
