INSTITUCIONALIDAD INDISPENSABLE

INSTITUCIONALIDAD INDISPENSABLE

Ramón Guillermo Aveledo

La apremiante tarea de revivir la economía venezolana, a la cual me he referido con anterioridad, requiere de marcos macroeconómicos, monetarios, fiscales, así como de políticas sectoriales al mismo tiempo realistas y ambiciosas. Atención a la recuperación de los servicios de energía eléctrica y agua, así como a la industria petrolera nodal tanto en nuestra reactivación interna como en el sector externo de la economía. Y claro, para que todo eso sea creíble, exigencia elemental de la confiabilidad, se requiere un marco regulatorio sensato y estable.

Estas son, usando la palabra de Fermín Toro otro tema importantísimo pero distinto, “cosas sabidas”. El esqueleto que soporta el cuerpo social y económico cuya musculatura dará movimiento a la agricultura, la industria, el comercio, los servicios y las finanzas es una institucionalidad fuerte y sana.

Institucionalidad tanto pública como privada. La pública en  el marco de la Constitución que no es perfecta pero bien cumplida puede servir estupendamente al propósito de recuperación nacional. La privada funcionando con autonomía, como expresión de las libertades que tenemos como personas y que el ordenamiento nos reconoce y garantiza como ciudadanos.

La crisis en la institucionalidad pública, relacionada con el prolongado conflicto político no resuelto y originada en el desconocimiento de sus cauces por una voluntad del poder que se cree omnímoda, está en la médula de nuestros problemas, así que es supersticioso pretender que éstos puedan solucionarse ignorando aquella.

En el diseño constitucional que nace del sentido común de Aristóteles para acá, el Ejecutivo gobierna dentro de sus competencias establecidas. El legislativo que representa al pueblo, legisla y controla en lo político y lo presupuestario. El poder judicial resuelve los conflictos a través de la interpretación y aplicación de la ley. Otras ramas se han dispuesto como la que reúne a órganos que son de control del poder como Contraloría, Fiscalía y Defensoría. Y la Electoral para organizar procesos electorales limpios y creíbles. Poder distribuido. Todos sabemos que nuestra realidad es muy distinta.

Si esto funciona razonablemente no hay problema que no se pueda solucionar y muchos se pueden evitar. Una institucionalidad que opere según la previsión constitucional, daría la base creíble y confiable indispensable a  la recuperación económica y de toda la vida nacional. Encaremos eso sinceramente.

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