La Constitución está buena y la quieren botar sin usarla

La  Constitución está buena y la quieren botar sin usarla

Hay gente que no mide el desperdicio. No tanto ahora, que hasta las conchas de plátano y que sirven para preparar “carne mechada” y hay quien usa el agua de pasta para hacerle tetero a algún bebé desnutrido. En medio de esta escasez crónica la vasta mayoría de los venezolanos estira cada billete de a 100 y aprovecha hasta la última conchita del jabón de olor.

Pero hay otra gente que no aprende nada con eso de la austeridad y no entiende la riqueza sino es con el derroche. Desde el propio gobierno se ha fomentado la práctica del medio usa y bote.

Hay miles de ejemplos de desperdicio de bienes del Estado que son patrimonio público, es decir de todos los venezolanos.

Por estos días se plantea un desperdicios mucho mayor: la Constitución Nacional, ese articulado, conjunto de  buenas intenciones que ni siquiera se cumple, y ya la van a matar definitivamente por designios de un señor que ha decidido que tal como está no le sirve para lo que él quiere hacer con la vida de 30 millones de venezolanos.

El fin de la Constitución es en realidad la excusa perfecta para postergar elecciones que el gobierno no tiene como ganar, ni ahora, ni en 2018.

Para el funcionamiento de la economía en general hace falta saber a qué atenerse. Por eso ese tipo de decisiones afectan la vida de personas, familias, empresas y comunidades, ya que suponen un cambio en las reglas del juego cuando ya el campeonato está en las semifinales.

 

Letra muerta

 

La Constitución Nacional debería ser un texto escrito en piedra, de cumplimiento obligatorio para toda la sociedad, pues establece preceptos de derecho que van más allá del funcionamiento del Estado y tienen sobre todo que  ver con la libertad de los individuos.

Por eso siempre debe ser una lucha permanente el hacer que se cumpla.

Pero cada día es atropellada, vulnerada, golpeada, ignorada, como abuela en manifestación opositora.

Pongamos  por caso el Artículo 47, que establece que “el hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano”.

Sólo hay que repasar las noticias de allanamientos en casas donde viven presuntos  saqueadores, o las frecuentes redadas de militares y policías peinando barrios  en busca de los sospechosos habituales para darnos cuenta de este detallito.

Después, está el Artículo 49, donde se consagra que “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”.

“Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”, dice.

Sólo hay que estar lo suficientemente ocioso para sintonizar los programas de los ilustres personajes del gobierno en TV y radio para constatar cómo se denigra de los enemigos políticos, se sentencian y condenan personas en público, se exhiben “pruebas” que forman parte del proceso y el secreto sumarial y de una vez se califica de “terrorista”, “vende patria”, “traidor” a cualquier persona  por quítame esta paja.

Sin contar cómo interviene conversaciones privadas de cualquiera y no hay un teléfono importante que no esté pinchado.

“Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”. Esto significa que si usted es un civil y se le acusa de algo, debe ser juzgada por tribunales civiles.

Ya hemos visto cómo solamente esta semana el gobierno anunció que 45 personas detenidas en protestas o saqueos han sido enviadas a tribunales militares.

Artículo 58. “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución…”.

Por orden del gobierno desde hace cuatro años el Banco Central de Venezuela no publica las cifras mensuales  del comportamiento de la economía. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no informa más las estadísticas de pobreza, condiciones sociales de la gente, o importaciones y exportaciones del país.

Es obvio que si todos esos resultados  fuesen buenos, no los censurarían.

Artículo 68. “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Bueno, pregúntele a su vecina o a los estudiantes cómo los han tratado en cada marcha que  intenta expresar el sentimiento de la vasta mayoría de los venezolanos. El gas lacrimógeno y el pimienta, que le rocían a la gente de gratis, son sustancias tóxicas prohibidas hasta en las guerras.

La próxima vez que recorra una farmacia en busca de un remedio, o tenga que esperar meses por  una operación en un hospital público, recuerde que el Artículo 83 establece:

 “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud…”

 

El bolsillo perforado

 

Después está la lista de buenas intenciones “De los derechos sociales y de las familias”, en el Capítulo V.

Artículo 91: todo trabajador “tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

Recuerde este artículo cuando vaya al mercado o lea en esta columna que hacen falta al menos siete salarios mínimos con cesta ticket y todo para comprar la canasta básica para que una familia viva apretaíta, comiendo mal y pagando lo básico por mes.

“El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año…”, agrega este artículo.

Pregúntele a sus amigos que trabajan en un hospital del Estado, o a algún policía o maestro, si cada año en efecto logra un aumento salarial que le permita pagar lo que necesita.

De hecho en decenas de  empresas del Estado los contratos colectivos están vencidos desde hace año y los trabajadores ni siquiera pueden quejarse o hacer huelga (otro derecho constitucional) porque son tachados de traidores a revolución y despedidos como peón de hacienda.

Artículo 92. “Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.

Pregúntele a los profesores jubilados. Los arreglos que les pagan tras toda una vida dedicada a formar generaciones les alcanza para cuatro bolsitas de mercado.

Artículo 115. “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes…Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Decenas de empresas fueron expropiadas o hasta confiscadas en estos años y sus dueños y trabajadores todavía están esperando pagos de esas propiedades, arrebatadas sin fórmula de juicio.

Esas empresas, hoy paralizadas  o a media máquina explican buena parte de la escasez en el país.

La lista es demasiado larga para este artículo. Pero si está  interesado en saber el tesoro constitucional del que le han privado cada día, agarre el librito azul,  o léalo gratis en Internet y saque sus propias conclusiones.

Cambiar una Constitución por otra, no es la forma de llevar justicia social y derechos a los ciudadanos del país, basta con emplear a fondo la que tenemos.

 

Omar Lugo
Elestimulo.com
@omarlugo

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