Asedio al Parlamento

Asedio al Parlamento

Los diputados forman parte del poder más representativo de una Democracia. Deben legislar en nombre del pueblo y controlar los otros poderes públicos. La Constitución establece que los parlamentarios solo se deben a su conciencia y no tienen responsabilidad por sus votos y opiniones. Se les otorga inmunidad para que puedan cumplir cabalmente con la representación de la que están investidos. Ningún otro poder puede limitar la actuación de un diputado con la excepción de delitos graves y flagrantes, en cuyo caso las 2/3 partes de la plenaria de la Asamblea Nacional pueden levantar la inmunidad.

En su afán por mantenerse en el poder, el régimen de Maduro destituyó y encarceló al diputado barinés Wilmer Azuaje y más recientemente a Gilber Caro que, sin derecho a defensa, es mantenido incomunicado en un calabozo y está siendo juzgado por tribunales militares.

Desde su instalación, las agresiones contra el Parlamento han sido continuas: El asalto armado al Palacio legislativo por parte de paramilitares con la complicidad de la GNB. Las heridas a varios parlamentarios y el irrespeto del coronel Lugo de la GNB al presidente del Parlamento. Las restricciones a los diputados para viajar por el país y también hacia el exterior, con la retención ilegal de pasaportes, la suspensión de los sueldos y dietas de los parlamentarios, que no cobran desde hace un año. La utilización del poder judicial para bloquear investigaciones sobre corrupción como el caso de la demanda del general Carlos Osorio, exministro de Alimentación, contra los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia. El caso del diputado del PSUV, esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz, batió récord: En un solo día la asamblea constituyente fraudulenta le quitó la inmunidad parlamentaria, lo destituyó y hasta ordenó su captura por Interpol.

En las últimas horas, la dictadura de Maduro anunció el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la AN, a quien pretenden silenciar por sus denuncias contra la corrupción y su actividad internacional por el restablecimiento de la democracia. Se trata de un nuevo ataque al partido Voluntad Popular al que pretenden ilegalizar. También amenazan con llevar a la cárcel a otros diputados.

A pesar de todo, la dictadura de Maduro no podrá detener las justas protestas del pueblo venezolano por la falta de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la corrupción y la inseguridad. Debemos perseverar.

 

Carlos Tablante

 

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