Con base en ese entendimiento, el ministro del STF, Alexandre de Moraes, autorizó a la Policía Federal (PF) a realizar una investigación “para determinar la autoría y relevancia de posibles delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policías militares en relación con ataques a la democracia”.
El juez también afirmó que la Corte Suprema podría procesar a los militares involucrados en la invasión y saqueo de la Asamblea Nacional, el STF y el Palacio Planalto, sede del poder ejecutivo. Exigiendo la intervención militar y protestando por la ascensión al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidarios radicales del derrotado presidente Jair Bolsonaro irrumpieron ese día y saquearon las tres sedes de la central eléctrica en Brasil.
PF llamó la atención sobre la participación y la inacción del personal militar en la comisión de crímenes contra un estado constitucional y democrático. Según el señor de Moraes, la competencia para juzgar al personal militar no es competencia del Tribunal Militar, porque el delito no está tipificado en el Código Penal Militar.
“El Código Penal Militar no protege la identidad de los militares, sino la dignidad de las organizaciones de las Fuerzas Armadas, el cual, según lo aceptado pacíficamente por la Corte Suprema, establece que la justicia militar no conoce de crímenes de guerra. , sino delitos”, insistí en la decisión.
Según el juez, quienes participaron en actos de terrorismo, incluidos actos de preparación, incitación al crimen, vinculación de delincuentes armados, derrocamiento del estado de derecho, golpe de Estado, amenaza, arresto, destrucción e incendio severo.
El número de personas involucradas en el ataque del 14 de febrero aumentó a 835 después de que los fiscales acusaran a otras 139. De estos últimos, según la organización, 137 personas fueron sorprendidas in fraganti en Planalto y otras dos detenidas en la Plaza de los Tres Poderes con petardos, cuchillos, bombas lacrimógenas y materiales para fabricar explosivos improvisados como cócteles molotov.
De su total, 645 fueron considerados autores intelectuales, es decir, actuaron o acamparon frente al cuartel general del ejército en Brasilia, pero no saquearon edificios públicos. Otras 189 personas fueron declaradas culpables: irrumpieron en edificios, destrozaron y robaron.
Con información de El Universal.
