Los hackers de Maduro

Los hackers de Maduro

El artículo 58 de la Constitución establece que la información es libre y plural. En las dictaduras siempre hay censura previa, en los sistemas comunistas la libertad de expresión no existe porque todos los medios pertenecen al Estado y por lo tanto el partido único toma para sí el control absoluto del pueblo a través del pensamiento y el líder únicos.

Todo comenzó con Hugo Chávez y ha empeorado con Nicolás Maduro. Algunas de las estrategias para lograr la supremacía comunicacional que el régimen ha puesto en marcha son: control de la adquisición de papel para medios impresos, coacción legal contra periodistas, editores y propietarios de medios a través de demandas, multas multimillonarias y amenazas de encarcelamiento, retirada de publicidad oficial de medios privados, prohibición del acceso de medios independientes a instituciones, eventos o conferencias de prensa oficiales, ocultamiento de cifras y cuentas públicas, fomento de la represión y violencia por parte de la policía nacional, militares y milicias contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos, obligación de transmitir maratónicas cadenas oficiales de radio y TV.

Los medios venezolanos más importantes y populares han sido comprados por compañías extranjeras por millones de dólares relacionados con la corrupción de los oscuros negociados con el diferencial cambiario. La compra de Globovisión, la Cadena Capriles, El Universal, de decenas de medios del interior y la frustrada adquisición de Televen por parte de seudo empresarios vinculados al régimen, pone en evidencia el modus operandi de la hegemonía comunicacional de la dictadura. Atrás quedaron, por su alto costo político, los asaltos ilegales perpetrados contra RCTV, las radios del circuito Belfort y cientos de emisoras AM,FM y televisoras VHF y UHF, intervenidas para ponerlas al servicio de los intereses comunicacionales del PSUV.

Se ha judicializado la persecución del que piensa distinto. Se abren expedientes a editores, y directivos como el caso de Tal Cual, La Patilla y el Nacional, por citar solo algunos. Se ordenan  juicios express, con jueces convertidos en sicarios judiciales, a periodistas por supuestas difamaciones por sus críticas y denuncias contra los corruptos.

A todo ello se suma la modalidad del bloqueo de Internet. La Patilla, El Nacional y El Pitazo, entre otros, han denunciado que el acceso a sus portales ha sido saboteado a través de proveedores como Cantv, Movistar y Digitel, lo cual está siendo investigado por la Asamblea Nacional. Aún más grave es la persecución y la detención de ciudadanos por el simple hecho de dar su opinión en las redes sociales.

La hegemonía comunicacional de este Estado delincuente constituye una grave violación de los derechos humanos a la libertad de expresión y de información previstos en la Constitución y en los acuerdos internacionales firmados por Venezuela.

 

Carlos Tablante

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