La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó el miércoles en un informe que el Ejército y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los miembros del Congreso.
Boluarte rechazó más tarde en una conferencia de prensa la “supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres, aun cuando se mencione de manera condicional”.
El informe de la Cidh señaló que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjeron la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.
Aseveró que el 15 de diciembre en Ayacucho al ser “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Aquel día soldados del Ejército dispararon contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales. La Cidh añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto “ya no en un operativo de defensa sino de carácter persecutorio… que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían…o que auxiliaban a heridos”.
Con información de Primicia
