Mary Cruz Barrios
***Desde Venezuela, el Ministerio Público les atribuyó los delitos relacionados con pornografía infantil, acoso, agavillamiento y asociación ilícita, entre otros***
Ante la detención de los hermanos venezolanos Rebeca y Francisco García Álvarez, en la localidad de Alcobendas, ubicada en Madrid, España, el Ministerio Público solicitó que sean entregados a las autoridades venezolanas para ser procesados de acuerdo a la Ley.
Es de recordar que estas personas presentan orden de aprehensión y alerta roja de Interpol por parte de la Fiscalía 59 y 66 Nacional, en atención a las múltiples denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes por parte de sus víctimas venezolanas.
Los hermanos García están solicitados por los delitos de promoción o incitación al odio, exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes y agavillamiento, asociación ilícita, entre otros, por los que pueden ser condenados a entre 15 y 30 años de cárcel.
A través de todo lo publicado en los distintos medios de comunicación social nacionales e internacionales, se conoció que los hermanos Rebeca y Francisco presuntamente por más de 7 años se dedicaron a acosar y hostigar a mujeres y niños, causando terror y zozobra a través de aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y llamadas telefónicas. En algunos casos llegaron a acceder al interior de sus domicilios y lugares de trabajo, amenazando a sus víctimas de muerte.
La aprehensión se logró en un hotel de Alcobendas, donde estas personas presuntamente se habían alojado utilizando los nombres de sus padres. Ahora comienza el proceso de extradición que requerirá del visto bueno de la Audiencia Nacional y del Gobierno español.
INTERVENCIÓN DEL MP ACELERÓ EL PROCESO DE CAPTURA
Gracias a la intervención de Tarek William Saab, fiscal general, para resolver este caso, se logró la captura de estas personas. La primera solicitud realizada a Interpol por el funcionario fue el pasado 9 de mayo y posteriormente el día 10 al gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes policiales españolas aclararon que los trámites que sigue la organización policial internacional para difundir órdenes de detención emitidas por los países miembros no son inmediatos y que, de hecho, tardan varios días.
La solicitud venezolana se dirigió, como marcan los protocolos, a las oficinas centrales de Interpol, en Lyon (Francia), donde debía ser validada y remitida a la oficina en Madrid, donde también se comprobaría si se ajustaba a la legislación española para considerarse una solicitud activa por parte de las autoridades de Caracas.
