||Mary Cruz Barrios
**En asamblea de padres y representantes, exigieron celeridad en las investigaciones y haya sanciones**
Desde el pasado martes fue intervenida por una comisión multidisciplinaria, la Unidad Educativa Estadal “Florinda Galíndez Escorche”, ubicada en la urbanización Residencias Palo Negro, municipio Libertador del estado Aragua.
La medida busca aplicar el debido proceso con respecto a la vulneración del derecho en unos estudiantes en edades comprendidas entre 9 y 12 años que presuntamente habrían sido víctimas de abuso sexual, por parte de un adolescente de 13 años.
La comisión está conformada por la Fiscalía Superior en el estado Aragua con competen-cia en los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Ministerio de Educación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Coordinación del Desarrollo y Protección Estudiantil en la entidad (CDCE), en representación de la Autoridad Única de Educación, esto en función no solo de armar el expediente administrativo y judicial, sino de proteger el interés superior de los menores involucrados.
Es de resaltar que, en la fase de investigación criminalística, especialistas del cuerpo de-tectivesco realizan las experticias respectivas como entrevistas, exámenes forenses y aná-lisis de videos, a fin de determinar la veracidad de las denuncias presentadas ante este caso de abuso sexual que mantiene consternada tanto a la población afectada como al resto de la colectividad aragüeña.
ASAMBLEA PIDIÓ CELERIDAD
En vista de la terrible situación que ocurría en la institución, en horas de la mañana de ayer se llevó a cabo la segunda asamblea abierta dentro del plantel con la presencia de Irene San Pedro y Jorge Chirinos, en representación de la Defensoría del Pueblo, el alcalde del municipio Libertador Gonzalo Diaz Plaza, Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en la jurisdicción y cuerpos de seguridad.
En la reunión las autoridades escucharon y atendieron las inquietudes de la comunidad educativa, además de brindarles a través de una charla las herramientas necesarias para atender, enfrentar y frenar este tipo de delito que violenta no sólo la integridad de los involucrados, sino su estabilidad emocional. Entre los acuerdos establecidos destacan la celeridad del proceso administrativo-judicial, además de la atención de algunas necesida-des que presenta la institución, entre ellas la rehabilitación de los baños.
