La Corte Penal Internacional (CPI) celebra este martes en su sede en La Haya la primera audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En esta jornada, el Gobierno contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país caribeño. Sin embargo, la fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar. Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, expresó la fiscalía de la CPI.
Luego subrayó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía, no es un vehículo para que el Estado pueda disputar los crímenes presuntos ocurridos, como se ha hecho. El objetivo de la notficación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”.
La Sala en esta audiencia de apelación está integrada por el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente; el magistrado Piotr Hofmański; la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza; el magistrado Solomy Balungi Bossa; y el magistrado Gocha Lordkipanidze.
En representación del régimen de Nicolás Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.
“La Sala no pidió a Venezuela que tomara medidas contra los acusados. La Cámara, en la mayoría de los casos, observó que los sospechosos no habían sido identificados y esto atenta contra el avance del proceso”, justificaron los fiscales.
Por su parte, los abogados de la Defensoría Pública de las víctimas, expresaron: “El fiscal debe identificar grupos o cateogrías de individuos pero no ciudadanos específicos. Lo que se requiere es que el Estado aporte información pertinente, probante y específica que muestre los pasos investigativos que se han probado”.
“La sala concluyó que Venezuela tomó pasos limitados respecto al avance de las investigaciones”, agregaron.
En tanto, el juez de la CPI, Marc Perrin de Brichambaut, manifestó que “las víctimas han presentado textos que son documentos muy sustanciales, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente”.
Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la Corte Penal Internacional, indicó que, en términos generales, lo que se está dirimiendo es una cuestión de admisibilidad de una situación ante la CPI. Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte.
Fue en junio pasado cuando los jueces de la sala de cuestiones preliminares autorizaron al fiscal de la CPI a seguir con las investigaciones, al considerar que si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía de la CPI.
La República Bolivariana de Venezuela apeló esa decisión.
En estas audiencias no se dictará una sentencia. La decisión de los jueces se emitirá más adelante.
Durante estos dos días se brindará la oportunidad a la Fiscalía de la Corte, a los representantes del régimen venezolano y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI, que actuará en nombre de los intereses generales de las víctimas, de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y de responder a preguntas de los jueces.
En las audiencias de este martes y miércoles, los representantes del régimen de Venezuela, el fiscal y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas presentan sus alegaciones sobre los siguientes aspectos legales:
– El nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del Fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tiene la intención de investigar.
– La posibilidad de que la Sala de Cuestiones preliminares se basa en documentos proporcionados por el Estado en apoyo de sus alegaciones que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte.
– El grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el Fiscal de la Corte, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos.
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Después de la audiencia del miércoles, los jueces deliberarán y emitirán su fallo a su debido tiempo. Si no se puede alcanzar la unanimidad, el fallo se tomará por mayoría de los jueces.
El fallo se dictará en audiencia pública y su fecha se anunciará públicamente con antelación.
Los jueces pueden decidir confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía en Venezuela, revertirla o modificarla; o enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para una nueva determinación.
La decisión se tomará de manera independiente e imparcial.
Con información de Alberto News
