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Médicos Unidos de Venezuela expresó preocupación por denuncias sobre ejercicio ilegal de la medicina en las que se han visto involucradas instituciones prestadoras de servicios de salud del país, tanto públicas como privadas.
Mediante un comunicado, la ONG señaló que tanto en el ámbito público como privado de la salud se evidencian fallas en los mecanismos de ingreso, revisión y verificación de credenciales de quienes se presentan como profesionales de la salud.
Se advierte que la irregularidad se torna más grave en las instituciones públicas, puesto que tienen la facilidad de verificar con el órgano de control nacional como los es el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), mediante el Instituto Autónomo de Contraloría Sanitaria.
El fiscal Tarek William Saab anunció el pasado 8 de diciembre la detención de Harold Charinga Martínez, quien se hacía pasar por médico pediatra, neurólogo, neuropediatra y neurocirujano en centros de salud privados de Carabobo. Luego de procesar denuncias sobre diagnósticos errados y tratamientos, el falso médico fue imputado por los delitos de ejercicio ilegal de la medicina, forjamiento de documento público falso, uso de documento público falso y usurpación de funciones.
La ONG hace una serie de recomendaciones para evitar el ejercicio ilegal de la medicina tales como: Que las Facultades de Medicina de las Universidades Autónomas creen sistemas de consulta abiertos para que los ciudadanos puedan verificar quienes han cumplido con los requisitos para egresar como médicos cirujanos o como especialistas de cursos de postgrado académicos y recibir el título profesional que los acredite. Los Colegios Médicos creen sistemas de consulta abiertos para la verificación sobre quienes han cumplido con la inscripción en tales gremios para realizar el ejercicio médico en el área de influencia del colegio respectivo. Se plantea a la Federación Médica de Venezuela un sistema similar y exigir al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del MPPS realizar la revisión exhaustiva del registro de profesionales de la salud, que incluya la opinión y asesoría de la consultoría jurídica del Ministerio.
