Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de toda América Latina, esa es la conclusión que refleja el medio especializado Bloomberg en su más reciente reporte. Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta un crecimiento del PIB de la región en 2,1 %, el ingreso de los venezolanos sigue congelado desde hace más de dos años.
En el primer semestre de 2024, las perspectivas económicas para América Latina han mostrado estabilidad. Según el Banco Mundial (BM), la normalización de los tipos de interés, el descenso de la inflación y las exportaciones de materias primas sostienen estas cifras son algunos de los motivos para la mejora del panorama latino.
En este contexto, a pesar de la disminución de la inflación en la mayoría de los países, varios Gobiernos incrementaron el salario mínimo entre enero y julio del presente año, fuera del ciclo común de actualizaciones que usualmente se decide en noviembre y diciembre para entrar en vigencia en enero.
Sin embargo, esta no es la situación para Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene el sueldo mínimo en 130 bolívares desde marzo de 2022, el equivalente a 3,56 dólares.
Para reflejar la suma gravedad de la situación venezolana, el siguiente país con el sueldo más bajo en la lista de Bloomberg es Argentina, quien subió un 33,4% su salario este año, fijándose en 234.315,12 pesos (162,71 dólares al cambio del dólar Blue).
Otros países que aumentaron sus ingresos fueron Chile, con un 8,6 % (531,89 dólares); Honduras, con un 5,5 % (346,94 dólares); Panamá, con un 4,5 % (341 dólares); y Paraguay, en un 4,4 % (371,76 dólares).
En Venezuela, el Ejecutivo anunció incrementos en las bonificaciones, elevando el ingreso mínimo indexado a cerca de 130 dólares, los cuales no inciden en las prestaciones sociales y solo es aplicable a servidores públicos en ejercicio.
📊Bloomberg Línea recopiló los salarios mínimos oficiales de América Latina con los valores que cada país comienza el segundo semestre del año. pic.twitter.com/fWXW5rW1sG
— MarketData (@marketdata_py) July 10, 2024
Para el economista Manuel Sutherland, el salario es la víctima principal de la crisis económica que vive la nación desde finales de 2013, y califica a las causas que la originaron como una “especie de guerra económica contra la sociedad civil”.
“Esa destrucción económica se debe fundamentalmente a las políticas de hiperrentismo que se han venido desarrollando país por el mal uso de los recursos económicos, a un endeudamiento caro y sin sentido, a un gasto excesivo y a otra serie de factores”, explicó.
En su opinión, el Gobierno mira a los sectores de la sociedad como el empresariado, los sindicatos y los gremios profesionales como “problemas políticos”, por lo que son sometidos con políticas de reducción.
Con las elecciones presidenciales del 28 de julio a la vuelta de la esquina, y con Nicolás Maduro muy por debajo en la intención de voto en encuestas independientes, un aumento de sueldo podría ser una maniobra para tratar de darle un impulso a su apoyo popular.
Pero, debido a la delicada situación financiera del país, Sutherland ve como “muy improbable” que se incremente el salario de manera importante en los próximos meses.
“El Gobierno tiene una política de contención salarial que equilibra con la entrega de bonos que se otorgan, y que permiten tener un dominio social mucho más fuerte sobre la clase obrera y sobre el empresariado”, señaló el economista.
LA SOLUCIÓN: UN CAMBIO DE 180 GRADOS
El futuro de la economía venezolana parece tener una nube gris, pero para Manuel Sutherland, la nación pudiese subir rápidamente el salario muy rápidamente “si hay un cambio político importante”, o si se da un giro 180 grados en las políticas que se han venido realizando.
“Lo más probable es que el salario siga siendo el más bajo de América Latina y como el tercer o cuarto salario más bajo del mundo”, aseguró.
Desde su perspectiva, no existe un “decreto mágico” que logre subir de golpe el salario, sino que es un proceso que se da de forma progresiva, gracias a la implementación de medidas de “expansión económica, de desarrollo económico y de desarrollo social”.
Sutherland enumera una serie de decisiones que deberían tomarse para reconducir la economía criolla, empezando por hacer públicas las estadísticas que el Gobierno actual mantiene censuradas.
En segundo lugar, tendría que ejecutarse “una reducción de la nómina estatal fantasma de personas que ya no están trabajando”, seguido de un acuerdo económico, social y humanitario entre gremios, empresarios, sindicatos y partidos políticos para desarrollar un plan de estabilización macroeconómica.
“Esa subida del salario puede tener como fondo una reducción de los gastos más onerosos que tiene el Estado, gastos en camionetas de 100 mil dólares para los funcionarios, de viajes de lujo, escoltas y que pudieran destinarse a salud, educación a rescatar el salario como tal”, atizó.
Otros de los aspectos que considera fundamentales es la “reestructuración de la deuda externa, la eliminación de las sanciones con el regreso de Venezuela al crédito internacional y la posible reforma a la ley de hidrocarburos para vender petróleo a futuro haciendo convenios operativos para poder extraer petróleo”.
EL SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO CON MAYOR PRESIÓN FISCAL
Uno de los problemas que más afecta a la industria nacional es la presión fiscal, que se ve potenciada por la recientemente aprobada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, la cual obliga a todas las empresas privadas a contribuir con el 9 % de su nómina para pagar a los jubilados.
Sutherland expresó su profundo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que la considera una carga más para los asfixiados empresarios.
“Venezuela tiene probablemente la segunda presión tributaria más fuerte del mundo y tiene una retribución en servicios de calidad muy baja y de muy poca eficiencia”.
Cualquier empresa podría perder la escandalosa cifra del 80 % de sus beneficios netos en impuestos, lo cual es “excesivo”, desde la perspectiva del economista.
Por su parte, el profesor de la Universidad de Carabobo, Héctor Lucena, declaró a la ONG Provea que “esto representa un atropello del Estado contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral”.
“Reconstruir el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva”, afirmó.
Con información de Versión Final
