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El presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes Contra los Migrantes Venezolanos de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, asegura que la violación de los derechos humanos de los migrantes venezolanos se ha convertido en un negocio para sectores opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro que operan desde Colombia.
Chávez precisa que más de 47 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que hacen vida en territorio colombiano han recibido cerca de 1.300.000.000 de dólares y que hoy están siendo cuestionadas por la población migrante que pide cuentas sobre el destino de estos recursos, ya que aseguran no ser atendidos.
Subraya que el derecho a la movilidad es un derecho universal, “pero parece que los gobiernos de la región no lo entienden y arremeten de manera sistemática contra una población que ha sido estimulada por sectores opositores a salir del país”.
