Agencia EFE
Además hay una elevada escasez de anticonceptivos, lo que incrementa la vulnerabilidad de las menores
Con la tasa de embarazo adolescente más alta de Suramérica y una escasez “enorme” de anticonceptivos, en Venezuela las menores de bajos recursos se vuelven especialmente vulnerables al iniciarse sexualmente, según el representante en el país del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Jorge González Caro.
Asimismo, llamó la atención sobre la escasez de insumos anticonceptivos gratuitos en los centros de salud del país, una realidad que, dijo, afecta a la mayor parte de la población que vive en pobreza y contraría el mandato constitucional de proveer “servicios de planificación familiar integral”.
Sobre el informe del estado mundial de la población, promovido este mes por la Organización de Naciones Unidas (ONU), destacó que Venezuela tiene un ritmo de crecimiento “muy bueno”, así como un “bono demográfico”, pues casi el 70 % de sus ciudadanos está en edad de trabajar.
“El embarazo adolescente, decimos que es el principal problema de salud sexual y reproductiva que hay en Venezuela”, asegura González al remarcar que, con una tasa de 96 casos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, el país duplica el promedio de Latinoamérica.
La buena noticia, matiza, es la implementación de un plan con el que el UNFPA logró reducir en 87 % el embarazo adolescente en una localidad del estado Anzoátegui (este) y que ahora se está implementando como una política pública en los 11 municipios que registran la mayor incidencia de este problema.
En cambio, insistió el matemático, persiste una brecha “enorme” entre la demanda y la oferta de anticonceptivos gratuitos, “de más del 90 %”, pese a los esfuerzos del Gobierno que ha recibido insumos de este tipo en los últimos años mediante acuerdos bilaterales con algunos países.
Entonces, mientras en las farmacias privadas se consiguen métodos anticonceptivos -una caja de tres condones cuesta lo mismo que una semana de trabajo para quienes perciben el salario mínimo-, el Estado no compra estos insumos en gran medida desde hace casi seis años y, en consecuencia, el grueso de la población que vive en pobreza extrema está desasistida.
