Saab, quien aseguró que la misión realiza sus informes con datos recabados en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones con opositores al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, manifestó que sus miembros están políticamente “connotados”, por lo que funcionan como “voceros” de países y personas que buscan destruir Venezuela.
En su opinión, cuando de derechos humanos se trata, el discurso “debe tener siempre un carácter ético y debe diferenciarse y apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico”, porque es un asunto que “nace de los derechos inalienables”, que van más allá de diferencias de ideas.
Explicó que la estrategia de usar la misión consiste en manejar “un formato de legalidad para impresionar a un Estado”, después de no haberlo logrado “utilizando (en el país) la metodología de la guerra, del golpe de Estado, de lo que significaron las guarimbas (protestas violentas)”.
Alto Comisionado de DDHH de la ONU, sí; Misión, no
Además, a su juicio, el grupo de determinación de los hechos va “a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace la Acnudh”, que “ha elogiado, ha reseñado de manera positiva la labor que el Ministerio Público (Fiscalía) ha desarrollado en materia de derechos humanos”.
Saab también destacó que la Acnudh tenga oficina permanente en el país, por lo que puede -aseguró- verificar “in situ” los hechos, con visitas a las instituciones que considere, mientras que la misión independiente nunca ha estado en Venezuela, sino que se apoya en información secundaria no verificable.
“Utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales, o personas que siendo prófugos de la justicia venezolana, ellos entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad (…) nosotros tenemos cómo, fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir”, explicó.
En este sentido, recordó las condenas impuestas a funcionarios responsables de crímenes cometidos en las protestas de 2017 o en el interior de centros penitenciarios, con penas de hasta 30 años de cárcel.
Para Saab, esta es una de las pruebas que corrobora que no es necesaria la presencia de organismos externos para que se haga justicia, puesto que las autoridades del país se encargan de que no haya impunidad para quienes comenten crímenes, ya sean militares o civiles.