Un tribunal de Venezuela ha autorizado la aplicación de “medidas judiciales precautelares” contra las personas acusadas de practicar la minería ilegal en el parque nacional Yapacana, ubicado en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil y Colombia), informa este lunes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
A través de X (antes Twitter), el comandante estratégico operacional de la institución castrense, Domingo Hernández Lárez, ha explicado que la Justicia ha dado luz verde a los militares para que apliquen estas medidas de “carácter ambiental”, sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles.
Ha asegurado que la corte ha autorizado a la FANB para que proceda al desmantelamiento de los campamentos y estructuras donde se esté ejerciendo la práctica ilegal de la minería, con la finalidad de retener, incautar y eliminar los materiales “que puedan ser utilizados para la contaminación de las aguas, destrucción de la vegetación y la degradación de los suelos”.
Esta resolución judicial incluye permisos para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, “teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios”.
Estos operativos militares en la Amazonía, prosigue Hernández Lárez, se hacen en compañía de la Fiscalía para “proteger y hacer respetar los derechos humanos” de los venezolanos y extranjeros que habitan este territorio, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas.
El comandante reitera que la FANB se mantiene “en la búsqueda de los grupos delincuenciales saqueadores” que actúan en este parque, donde se produjo un enfrentamiento armado la semana pasada que se saldó con dos muertos y seis heridos, entre ellos tres militares.
“Quienes habitan los campamentos en el Yapacana dirigen el apocalipsis ambiental, causan bajas inocentes para inculpar al Estado, llevan abastecimientos logísticos de contrabando desde Colombia, incluyendo sustancias contaminantes, extraen el oro, contratan mercenarios para atacar a la FANB, violan la soberanía y las leyes, contratan a los indígenas como caleteros (cargadores)”, agrega.
Con información de El Universal
