La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) le puso hora y fecha para una audiencia “sobre el recurso de apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de La Sala preliminar I que autoriza la reanudación de la investigación” en este caso.
A través del portal web de la CPI se conoció que esta audiencia tendrá lugar entre el 7 y 8 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la sede del organismo, en La Haya.
Además de recibir testimonios escritos acerca de esta apelación, “la Sala de Apelaciones está convocando una audiencia para considerar plenamente las cuestiones novedosas y complejas que surgen en el caso”, señala el documento.
Cabe destacar que la audiencia será transmitida, con interpretación a español y a la misma podrán asistir periodistas, miembros de ONG y público en general.
Testimonios
Asimismo, se aclara que “en la audiencia no se deberá dictar sentencia, esto se anunciará más adelante”.
La Sala está integrada por los magistrados Marc Perrin de Brichambaut (presidente), Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze.
En la convocatoria al acto se lee que se trata del “recurso de apelación de la República Bolivariana de Venezuela” contra la “Decisión que autoriza la reanudación de la investigación de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto” de la Sala de Cuestiones Preliminares I”.
En la Audiencia participarán representantes del Estado de Venezuela, la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la CPI (OPCV) y el Fiscal General de la CPI, de acuerdo a lo ordenado el pasado 17 de octubre por la Sala de Apelaciones.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000. El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió, a través de un grupo de Estados partes del Estatuto de Roma, a saber, la República Argentina, el Canadá, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Paraguay y la República del Perú, remisión de la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Antecedentes
El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal anunció su decisión de abrir una investigación.
El 21 de abril de 2022, el Fiscal informó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido una solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para suspender las investigaciones de la Fiscalía a favor de acciones adoptadas por las autoridades nacionales de Venezuela, de conformidad con el artículo 18-2 del Estatuto de Roma.
El 1 de noviembre de 2022, el Fiscal solicitó autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para retomar la investigación de la Situación. El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó al Fiscal de la CPI a reanudar las investigaciones sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto de Roma.
El 3 de julio de 2023, Venezuela presentó su escrito de apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares emitida bajo el artículo 18(2). El 14 de agosto de 2023 Venezuela presentó su escrito de apelación .
El 21 de julio de 2023, la Sala de Apelaciones accedió a una solicitud de la OPCV y la invitó a presentar observaciones escritas al escrito de apelación de Venezuela con respecto a los intereses generales de las víctimas.
El 24 de agosto de 2023, la Sala de Apelaciones concedió parcialmente las solicitudes de las víctimas, permitiéndoles hacer representaciones, con la asistencia de sus representantes legales si así lo desean, y encargó a la Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones recolectar y transmitir a la Sala de Apelaciones.
Se permite las representaciones de cualquier víctima y grupo de víctimas interesadas, con el auxilio de sus representantes legales si así lo desean, y rendir un informe sobre las mismas.
Se escuchará a las víctimas
El 13 de septiembre de 2023, el Fiscal presentó su respuesta al escrito de apelación de Venezuela y la OPCV presentó sus observaciones.
Respecto a esta audiencia, la ONG Provea destacó: “Los intereses de las víctimas serán defendidos en la audiencia por la OPCV que presentó con anterioridad sus observaciones escritas”.
También se presentarán testimonios de 2.684 víctimas individuales y 104 familias enviaron 172 documentos a través de la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS) que manifestaron que “desean que el Fiscal de la CPI investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Situación” .
Provea cree que “la Decisión de los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I, autorizando al Fiscal Karim Khan debería ser confirmada en apelación”.
|| Con información de El Público TV
