||Redacción El Periodiquito
*** La dama señaló que con una decisión “inexplicable” un tribunal decidió quitarle la custodia de los niños***
Gabriela Mijares Pacheco es madre de un niño y una niña de 9 y 8 años de edad, respectivamente, quien ante la amenaza de arrebatarle la custodia para otorgársela al papá, por decisión de la juez de juicio Rosany Farias en el Tribunal de Protección en el estado Aragua, hizo pública la denuncia, al alegar que es víctima de violencia vicaria.
Este tipo de acción incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente en la que los hijos son instrumentalizados por el hombre, para ocasionar un dolor extremo a sus madres, en este caso, privándola de la custodia sin fundamentos.
Según reveló, hay una “profunda violación al debido proceso”, ejercicio de la defensa y a la tutela judicial efectiva y al interés superior del niño, por parte de la instancia de juicio, bajo el conocimiento del Tribunal Superior del estado Aragua y contraposición a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), ya que el juicio fue celebrado en su ausencia, debido a un reposo médico, “del que tenía conocimiento el tribunal”.
Agregó que es un proceso que vive desde hace cinco años, en el que si bien es cierto las partes tienen derecho de interponer sus denuncias, considera que su caso está fuera de lo común e resulta “inexplicable”.
“Jurídicamente sale del común, lo han dilatado por mucho tiempo y ninguna decisión tomada indica que los niños corren peligro”, dijo.
LOS HECHOS
Según el relato de Gabriela Mijares Pacheco, desde 2019 el padre de los niños, de nombre Pablo García Pérez, arremetió con más de 10 denuncias en instancias penales, protección y administrativas, lo que la llevó a introducir posteriormente la “Ejecución Forzosa del Régimen de Manutención” y la solicitud de modificación del Régimen de Convivencia y de Manutención, pero al mes, la contraparte hizo lo propio por Custodia, por supuesta imprudencia materna en el área de la salud.
“Siempre he mostrado todos los elementos probatorios de que soy una madre diligente, en especial en la salud de los niños”, expuso.
A finales de ese mismo año presentó todos los elementos para demostrar su diligencia materna y el cumplimiento regular del Régimen de Convivencia, así como también lo relacionado al incumplimiento de la manutención del padre (sólo aporta $ 20 por cada niño), esto como una necesidad de que fuera cambiado el régimen de convivencia para la tranquilidad y bienestar de los menores de edad.
Paralelamente, tramitaron dichas acciones legales, Custodia (por parte del padre), y la de convivencia y manutención (demandadas por la madre) y nunca dieron curso a la ejecución forzosa de manutención.
Terminada la fase de sustanciación, prosiguió la de Juicio en 2024 y en su ausencia por reposo, a causa de lesiones graves causadas por García Pérez en el colegio donde cursan clases los pequeños. En fecha 26 y 30 de septiembre pasados abrieron el juicio y celebraron dos audiencias de juicio, en lugar de ser diferidas.
En este sentido, mencionó que se dio por enterada no por revisión de la causa (no tiene acceso desde hace dos meses), sino por otros canales y de inmediato ejerció una acción de amparo, mediante la que denunció inaccesibilidad a la causa y la realización de las audiencias, en desconocimiento de su derecho a la salud y a estar presente para incorporar nuevas pruebas surgidas, “necesarias y vitales para desvirtuar las denuncias” introducidas por el progenitor de sus hijos.
“Las pruebas no sólo evidencian la diligencia materna, ya reconocida por un tribunal previo, sino que ante el incumplimiento del padre de la manutención, el otorgamiento de custodia solicitada era improcedente”, sostuvo.
Señaló a los jueces Juan Contreras e Ileana Guzmán de proceder forzosamente a ejecutar una medida preventiva, a pesar de la solicitud de revocatoria introducida incumpliendo el artículo 466, parágrafo 2do de la Lopnna.
Motivado a ello, tuvo que ejercer un control de la legalidad en contra de esa decisión en espera de que la Sala de Casación Social se pronuncie, y actualmente ejerció una acción de amparo ante el Tribunal Superior del estado Aragua, por las circunstancias que se han dado recientemente en el Tribunal de Juicio.
Mijares Pacheco, quien es profesional en Contaduría Pública, relató que debido a los asuntos legales que debía atender para no correr riesgo de perder la custodia de sus hijos, se vio en la necesidad de renunciar al cargo de gerente al frente de una institución bancaria.
Asimismo, comentó que en esta carrera legal, los niños han sido escuchados en varias oportunidades, las dos últimas tanto en la Jurisdicción de Protección, como en la Penal.
Mencionó que en ambas ocasiones manifestaron sentirse amados y protegidos por su madre, pese a que el niño (varón) se muestra afectado por haber sido testigo presencial de la violencia física ejercida del padre en contra de la madre en 2022.
“Ese testimonio, esa manifestación del sentir de los niños, no está siendo tomado en cuenta por esos Tribunales de Protección, sino que responden al afán inexplicable de un padre que hace vida y actividad económica en otro país, para llevárselos al extranjero”, acotó.
Foto EP
