|| Ramón Guillermo Aveledo
La masacre en una escuela en Uvalde, Texas sacude otra vez a la sociedad norteamericana y conmueve a la mundial. De enero a abril de 2022, hubo 202 tiroteos masivos en los Estados Unidos, con saldo de 221 muertes (incluida las de los asaltantes) y 790 heridos. No se cuentan allí los de mayo que llegaron a sesenta. Se consideran eventos de tiroteo masivo cuando las víctimas son tres o más y se excluye de la categoría a los causados por el crimen organizado, las pandillas o guerras por tráfico de drogas. Los datos son estremecedores.
El problema es muy serio. Los tiroteos masivos son su muestra más escandalosa, pero tristemente no es la única. En los EEUU hay más de ciento veinte armas de fuego por cada cien personas de la población civil, la proporción más alta del planeta. Los abundantes y sangrientos delitos afectan más en las áreas de afroamericanos.
Un poderoso lobby NRA-ILA defiende el status quo con base en la segunda enmienda a la Constitución americana, aprobada en 1791 que establece el derecho a tener y portar armas que no puede ser infringido. No puede interpretarse que cualquier medida de control que restrinja esa libertad absoluta desconozca la norma constitucional, pero la legislación al efecto tropieza con dificultades para conseguir la mayoría necesaria, dado que la Asociación Nacional del Rifle, fundada en 1871 para apoyar la tenencia libre de armas para defensa personal y práctica deportiva, es una organización potente que alega tener cinco millones de miembros y su comité de acción política (PAC) el Political Victory Fund promueve iniciativas legislativas, se moviliza para impedir otras y en las elecciones financia candidatos afines, así como campañas adversas a los políticos favorables al control de armas.
En el mundo, según Amnistía Internacional, más de quinientas personas mueren cada día por armas de fuego. Más del 44% de los homicidios que se cometen las implican. Entre 2012 y 2016 la muertes por arma de fuego superaron el millón cuatrocientas mil.
En nuestro país, informa OVV, en 2021 hubo 11.081 fallecidos por violencia, de ellos 2.332 catalogados como por resistencia a la autoridad. Si contamos solo niños y jóvenes, serán 5.076, cerca de la mitad del total. Las cifras dicen que habría 18,5 armas de fuego por cada cien civiles, pero hay una abismal diferencia entre las armas con permiso y las realmente existentes. Aparte del gravísimo asunto del tráfico ilegal.
Definitivamente, no es un problema ajeno.
