||Ramón Guillermo Aveledo
Del Sur del continente nos llegan noticias acerca de la vigencia de la institucionalidad en nuestras sociedades. Si nos ubicamos bajo el amplio paraguas del artículo 2 constitucional, leerlas con criterio objetivo es útil, con independencia de las opiniones políticas y la ideología de cada uno.
En Chile, la ciudadanía votó mayoritariamente por el rechazo al proyecto constitucional que se le presentó. El Presidente Gabriel Boric quien asumió personalmente la campaña de la aprobación, en seguida dio lección de respeto a la voluntad soberana y sus reglas democráticas. “Hay que escuchar la voz del pueblo” y agregó “Los anhelos de cambio y dignidad exigen a nuestros actores políticos que trabajemos con más empeño, diálogo, respeto y cariño para arribar a una propuesta que nos interprete a todos. Para allá vamos”. En suma, no hay drama, sino desafío político.
Si algo está claro es que la mayoría determinante de los chilenos no quiere esa vuelta al pasado y seguirá exigiendo a su liderazgo cambios que se definan y adelanten en democracia. Institucionalmente. Así que el mandatario colombiano Petro, normalmente cuidadoso con la palabra, yerra al tuitear “Revivió Pinochet”.
Al lado, en Argentina, la policía investiga los pormenores de un intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner actualmente procesada por cargos de presunta corrupción cuando gobernó. Ha habido manifestaciones en respaldo de la líder política y protestas por el acto de violencia a todas luces inaceptable. El Senado, sesenta y seis a cero, había aprobado el 22 de agosto el allanamiento a las propiedades de la hoy vicepresidenta solicitado por el tribunal. Poco después del frustrado intento criminal bajo investigación, José Mayans, jefe del bloque senatorial oficialista (Clarin, 4.9.2022) plantea “parar el juicio si queremos paz social”. Esa combinación de hechos plantea un cuadro de presión a los órganos del poder público, cada uno de los cuales está constitucionalmente obligado a cumplir con su deber.
La verdad, la institucionalidad argentina está puesta a prueba. Investigar rigurosamente el intento magnicida para que la justicia actúe y dicte la sentencia o sentencias que correspondan. Y al mismo tiempo, juzgar con imparcialidad la causa que plantea la fiscalía sobre presunta corrupción. Eso y más nada se espera de las instituciones.
Nuestro vecindario nos muestra pedagógicas experiencias. El que tenga ojos que vea, solía decir alguien.
